La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 68/2017 para el Instituto Nacional de Migración (INM) y la presidencia municipal de Tijuana, Baja California, por detener de manera arbitraria y deportar a Estados Unidos a una mujer, a pesar de que contaba con nacionalidad mexicana y estadunidense.

Al investigar los hechos, el organismo público documentó que cuando la víctima circulaba en su vehículo por Tijuana, fue detenida por dos agentes municipales, quienes le solicitaron identificarse. A ambos les mostró su credencial para votar y les mencionó que también es ciudadana estadunidense.

Los uniformados le señalaron que, al revisar sus antecedentes, descubrieron que contaba con una orden de aprehensión emitida por autoridades estadunidenses, y más tarde fue presentada ante un juez municipal, exhibida en medios de comunicación como presunta delincuente y entregada al gobierno de Estados Unidos.

Tras analizar la documentación del caso, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la nacionalidad, la libertad y seguridad personales, la seguridad jurídica, así como a la privacidad y protección de datos personales.

Por ello solicitó al titular del INM, Ardelio Vargas, y al presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, que reparen el daño a la víctima, capaciten en temas de derechos humanos a los funcionario de Baja California y eliminen las notas de medios electrónicos que señalan a la mujer como supuesta delincuente.