Buenos Aires.

En una soprendente acción que evidencia métodos cada día más totalitarios, el gobierno del presidente Mauricio Macri, a instancias de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, denunció penalmente ante la justicia federal a once diputados nacionales opositores, adjudicándoles la brutal violencia de la represión de fuerzas de seguridad conjuntas que el 14 de diciembre pasado militarizaron el Congreso y agredieron y golpearon a manifestantes, legisladores y periodistas, en un hecho cuyas imágenes recorrieron el mundo.

A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno de Macri a investigar la brutal represión protagonizada por más de mil 500 integrantes de fuerzas como gendarmería nacional, policía federal, de la Ciudad y otros, ahora resulta que las víctimas son los victimarios.

Los denunciados son legisladores del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana (kirchneristas), Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Marcos Cleri, Gabriel Mariotto y del Frente de Izquierda (FIT) Nicolás del Caño y Myriam Bregman.

Por orden de Bullrich se acusó a los referentes opositores de amenazar a la Gendarmeria e interponerse para evitar detenciones. La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría y fue firmada por Guillermo Soares Gache, subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que depende de Bullrich.

En la denuncia se sostiene que no puede descartarse como hipótesis delictiva que la actividad desarrollada por los denunciados, obstaculizando el trabajo de la Gendarmería, impidiendo reforzar el cordón, interviniendo de manera injustificada en las detenciones que se practicaban y amenazándolos, haya tenido por objeto permitir el ingreso de los manifestantes y así impedir el inicio del debate parlamentario.

Todo lo actuado por la gendarmería contra los diputados está grabado en videos que muestran claramente las acciones ilegales y anticonstitucionales, y la brutalidad de una verdadera cacería de personas, tanto el 14 como el 18 de diciembre, con el saldo de más de cien heridos, además de detenidos a los que ahora se intenta mantener en prisión contra toda legalidad.

Esta medida de Bullrich se une al anuncio hecho hace tres días por la ministra en el sentido de que las fuerzas de seguridad a su cargo , Gendarmería, Prefectura, Policias locales y Federales actuarán conjuntamente en las provincias de Patagonia, supuestamente para combatir al RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que es un grupo inexistente. Es decir que perseguirán a la pequeña comunidad mapuche a la que tratan como presuntos terroristas y llaman el enemigo interno.

Esto sólo puede interpretarse como un ensayo de lo que comenzará a producirse en el país, en momentos en que la imagen de Macri comienza a caer fuertemente y las medidas de ajuste tomadas, están creando una situación insostenible en todo el país, donde se expresa la resistencia pacífica popular.

El gobierno se ha negado a iniciar una investigación propia sobre la acción de las fuerzas represivas en su acción criminal, ni han respondido sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut, ni sobre el asesinato, a manos de la Gendarmería, del joven mapuche Rafel Nahuel en Río Negro.

El juez tendrá que buscar los elementos probatorios, nosotros no, dijo Bullrich en estos casos Nosotros creemos lo que nos dicen las fuerzas y no tenemos por qué no creerles, argumentó dejándoles las manos libres a estas fuerzas advirtiéndoles que no deben pedir autorización a ningún juez para actuar.

Paros y Despidos

Sin telegramas ni aviso previo, y con efectivos de la Policía Federal custodiando las entradas, los trabajadores del Ministerio de Ambiente se enteraron la mañana de este sábado cuando llegaron a su puestos de trabajo que 40 de ellos habían sido despedidos. Los encargados de notificar las cesantías fueron los efectivos policiales apostados en la puerta desde la primera hora, y exigiendo identificación a los trabajadores.

Los despidos en Medio Ambiente se suman a los anunciados en los últimos días en otras dependencias públicas, como los 200 trabajadores de la Televisión Digital Abierta o los 70 empleados de Defensa, incluidos los encargados de los archivos de la dictadura, que prueban los crímenes de lesa humanidad.. Radio Nacional mantiene un paro ante los anuncios de despidos y jubilaciones anticipadas. Mientras que han sido suspendidas varias emisoras supuestamente por el verano, aquí y en el interior del país y nadie cree que volverán a funcionar.

El gobierno nacional decidió cerrar la planta de Fabricaciones Militares de Azul en la provincia de Buenos Aires y dejó en la calle a más de 200 familias en la víspera de año nuevo. Es la fábrica emblema en la producción de explosivos TNT en América Latina, y los trabajadores bloquean la Ruta 3 en protesta en este día bajo un calor infernal.

Un 90 por ciento de contratados serán despedidos y también se vacían otra fábricas militares. En este fin de año se superarán los despidos del año anterior y ya hay reuniones urgentes para resistir esta situación mientras miles de personas están afectadas por cortes de luz , a pesar de un aumento de más del 500 por ciento en sus facturas. A esto se añade que detrás de la desaparición del submarino Ara San Juan con sus 44 tripulantes, comienza a surgir la historia que señala la responsabilidad del gobierno y el Ministerio de Defensa, que ocultaron al país, las maniobras en las que habrían hecho participar a la nave, con Gran Bretaña, Estados Unidos y Chile, el Atlántico Sur, sin autorización del Congreso, violentando la soberanía nacional en el caso Malvinas.