o contamos con una historia (ni siquiera mínima) del concepto de institución/instituciones, tal y como se empleó a lo largo del siglo XX en México. Una historia que seguramente arrojaría un cúmulo de preguntas sobre la forma en que los discursos convencionales de la política entrecruzaron a las prácticas ocultas y las reglas no escritas en que se dirimían los alcances y los límites del ejercicio del poder. El término institución aparece de manera abundante como una expresión de la crisis en la que Calles y Cárdenas se disputan en 1935 el entramado profundo del Poder Ejecutivo. Marca no sólo la voluntad de Lázaro Cárdenas por deshacerse del gobierno en las sombras que ejercía Calles, sino de fijar la autonomía –y la supremacía– de la Presidencia frente a los poderes que la mantenían entredicha bajo el orden bicéfalo del Maximato. Denota, sin duda, el ocaso del caudillismo y el paso a ese cúmulo de rituales y reglas (en su mayoría onerosas) que harían, primero, del Partido de la Revolución Mexicana y, después, del Partido Revolucionario Institucional la única vía posible –durante seis décadas, hasta el año 2000– de acceso al poder presidencial.

En 1946, adquiriría su consagración en un oxímoron que gravaría una de las mayores perplejidades de la política en el siglo XX –y no sólo de la mexicana–. En su nombre, el PRI lograría el exótico sincretismo de fusionar dos de los conceptos más antitéticos de la tradición moderna. Hasta su nacimiento, hablar de revoluciones significaba la posible implosión de un orden atávico y la promesa de la construcción de uno nuevo. Y quien lo hacía desde el aura de las instituciones, quería dar a entender en cierta manera lo contrario: estabilidad, certidumbre, predictibilidad. El fetiche de esta fusión funcionó de manera ideal para contener o disolver los intentos por democratizar a la sociedad mexicana hasta 1988.

En nombre de las instituciones se reprimió a los maestros y los ferrocarrileros en 1958; se asesinó a Rubén Jaramillo y su familia; se orquestó la matanza del 2 de octubre y se trazó el largo y doloroso camino de la guerra sucia. Durante más de medio siglo, el término de institución fue un sinónimo estricto de status quo, y el de status quo el código de una frontera ostensible entre los beneficiarios del orden autoritarios y las mayorías que quedaban en sus márgenes. No hay duda de que el viejo sistema político mexicano edificó un complejo orden institucional. Pero en su mayoría, se trató de instituciones corporativas –¿o acaso el corporativismo no está regulado también por instituciones?– clientelares o lobbies cupulares, como las asociaciones empresariales y bancarias.

Los cambios de los años noventa trajeron consigo un cúmulo de esperanzas y expectativas. La mayor de ellas: la promesa de una nueva institucionalidad, no sólo en el ámbito electoral sino en el conjunto de las instancias que relacionaban al Estado con la ciudadanía. Una esperanza que comenzó a evaporarse desde el año 2007. La mayor parte de las instituciones que emergieron en las últimas tres décadas acabaron por ser colonizadas por las prácticas más antiguas del clientelismo y la corrupción. Incluidas las que están encargadas de velar por contiendas justas en el espacio electoral, como se pudo observar en las elecciones recientes del estado de México, Coahuila y otras entidades. Si la democracia electoral fue una suerte de sueño prometedor, hoy se debería hablar acaso de su parálisis en una suerte de corporativismo parlamentario.

Hace unos cuantos días, los directores de los principales bancos del país demandaron a los candidatos de la próxima contienda presidencial respetar las instituciones y procurar soluciones a los dilemas de la corrupción, la falta de seguridad y la pobreza. Al parecer, una paradoja, aunque no para la banca. ¿No acaso han sido precisamente esas instituciones, que emergieron a partir de los noventa, las que han propiciado la implosión de la seguridad, el escalamiento de la corrupción y niveles inconcebibles de desigualdad? La banca, sin embargo, no se la ha pasado mal. Hay cadenas bancarias en México que sostienen su entramado global a partir de las utilidades que provee un sistema bancario que, en principio, pertenece más al mundo de la usura que al de las competitivas finanzas actuales.

Nadie se engaña. El statement respetar las instituciones equivale a preservar el actual status quo, un orden que precisamente ha abatido la vida pública y política del país. Otra señal muy distinta sería convocar a la edificación de una nueva institucionalidad. Una que garantice al menos la posibilidad de encontrar salidas a los dilemas políticos y sociales que nadie parece capaz de enfrentar en la actualidad.

Más aún: una opción que detenga el creciente proceso de desinstitucionalización en el que se debaten hoy en día las confrontaciones por el poder y la representación. Acaso el camino exactamente opuesto al que acaba de abrir la Ley de Seguridad Interior, una ley que presupone una condición de excepción –es decir, de anulación– de una parte central de la vida institucional del país.