Sin la estridencia de la época del calderonismo, cuando la guerra contra el narcotráfico era eje programático, pero con igual letalidad, 2017 se convirtió en el año más violento del sexenio y de la historia reciente. Con un ritmo mensual de 2 mil muertos, las más recientes estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad auguran que se superarán los 22 mil 855 homicidios dolosos registrados en 2011. Además, el año termina en medio de la polémica por la promulgación de la Ley de Seguridad Interior que apuesta a la institucionalización de la vía castrense para acabar con la violencia endémica del país.

También en este periodo, el periodismo en México se confirmó como una de las profesiones más riesgosas: 12 homicidios que lo ubican como el país donde no hay guerra con más reporteros asesinados. Entre las ejecuciones, Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, respectivamente, fallecieron en el ejercicio de su profesión víctimas del crimen organizado, homicidios que a 284 y 231 días permanecen impunes.

Fue un año de claroscuros en materia de combate a la corrupción: la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción; las aprehensiones de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte –extraditado a México–, y de Quintana Roo, Roberto Borge; la detección que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre malos manejos en las finanzas estatales, así como la imposibilidad de acuerdos para designar al fiscal anticorrupción dominaron la agenda de las principales preocupaciones sociales.

La corrupción acentuada en el plano estatal derivó en dichas aprehensiones, tras el desvío de millones de pesos e irregularidades en sus administraciones. También expresión en el plano federal: la muerte de dos personas al abrirse un socavón en el recién inaugurado Paso Exprés de Cuernavaca en julio pasado develó anomalías por más de mil millones de pesos en su construcción, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública.

Estrategias en entredicho

En el penúltimo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, los niveles de violencia alcanzados pusieron en entredicho las estrategias instrumentadas durante la década reciente, con la presencia militar como respuesta a la oficialmente reconocida incapacidad en seguridad y la penetración del crimen organizado en las corporaciones policiacas. Para octubre de este año hubo 2 mil 371 homicidios dolosos, que representó la cuarta ocasión en 2017 que se rompió la cifra récord de ejecuciones en México y que evidenciaron el fracaso de las políticas para combatir la violencia.

Un problema que tiene en el incremento de personas desaparecidas otra expresión de la incapacidad para contenerlo: más de 33 mil desapariciones en el acumulado histórico hasta 2017. El problema de la desaparición forzada de personas está tomando dimensiones aterradoras en México con el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos por todo el país, resumió en abril el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña.

Tras 10 años de la irrupción masiva de este fenómeno, se promulgó la primera ley contra desapariciones forzadas en México, considerada por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos como el reconocimiento de la magnitud de una crisis humanitaria. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto la promulgó, el 16 de noviembre, expresó: también a mí me provoca una gran frustración, refiriéndose al fenómeno.

La Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre, fue la respuesta a los reclamos que desde las fuerzas armadas se prodigaron debido a la incertidumbre en su labor, ocasionada por la ausencia de regulación.

El marco legal –que ofrece cobertura a la militarización de las estrategias de seguridad interior– fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos oficiales y no gubernamentales, nacionales e internacionales.

Impunidad

A lo largo del año fueron ejecutados 12 periodistas, en otra vertiente de la violencia. La mañana del 23 de marzo, a las puertas de su casa en la ciudad de Chihuahua fue asesinada nuestra compañera Miroslava Breach, quien recibió ocho disparos hechos por un sicario. Aunque oficialmente se reconoció que su ejecución obedeció a su desempeño profesional al documentar la presencia del crimen organizado, han transcurrido nueve meses y el homicidio continúa impune. Hace unos días se aseguró que su autor material había sido a su vez asesinado.

En impasse durante meses, las investigaciones en torno al homicidio de la corresponsal de La Jornada tuvieron en días pasados un nuevo giro: la aprehensión de Juan Carlos Moreno, El Larry, a quien la Fiscalía de Chihuahua identificó como uno de los autores intelectuales. En los días subsiguientes se revelaron nuevos datos de involucramiento de dos panistas en el caso: el vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, y el ex alcalde de Chínipas Hugo Schultz Alcaraz entregaron a narcotraficantes la información que sirvió de base para matar a Breach.

Apenas 63 días después de la muerte de Miroslava, una nueva ejecución de un periodista provocaría la primera reacción presidencial a un patrón de amenazas, hostilidad y homicidios que se ha prolongado desde la administración pasada: el 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado nuestro compañero Javier Valdez Cárdenas, otra víctima de la actuación impune del crimen organizado. Periodista especializado en el narcotráfico, Valdez no sobrevivió a las amenazas de muerte que recibió meses antes.

Peña Nieto anunció medidas extraordinarias ante la grave situación: mayor presupuesto y estructura para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; un protocolo nacional de operación ante las agresiones al gremio y fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

El pasado 19 de diciembre fue asesinado otro periodista en Veracruz. Muchos más viven bajo amenaza.

Sin tregua

El penúltimo día del año fueron asesinados Marino Catalán Ocampo, uno de los precandidatos del PRD a la alcaldía de José Azueta (Zihuatanejo), en la costa grande de Guerrero, y el regidor perredista del ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, Gabriel Hernández Arias.

Según cifras oficiales, en 2017 fueron ultimados nueve alcaldes de distintos partidos.