El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero advirtió que las desapariciones forzadas persisten en el estado de México, a pesar de los compromisos del gobierno de la entidad para erradicarlo.

José Antonio Lara Duque, director del organismo civil, alertó que en la entidad las principales víctimas de desaparición –así como de hostigamiento y allanamiento de morada– son líderes de comunidades que se oponen a la privatización de los recursos naturales, impulsada con el pretexto de la modernización de la infraestructura.

El activista subrayó que en los cinco años recientes el centro que dirige ha documentado decenas de agresiones contra defensores de la tierra y el agua, a quienes se les han empezado procesos penales fuera de la ley, junto con amenazas, hostigamiento, allanamiento de sus domicilios e incluso desapariciones forzadas, la mayoría de las cuales han quedado impunes.

El abogado celebró que en la reciente visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos a México se haya hecho énfasis en la necesidad de contar con una ley general contra las desapariciones, mediante la cual se ataque este delito cometido o tolerado por funcionarios.

La mencionada norma, aprobada por el Congreso en octubre de 2017, es robusta, aunque podría serlo más en la dimensión importante de la búsqueda de personas. Pero va a depender mucho de los recursos que reciba; sin ellos no se puede hacer una diferencia, enfatizó Lara.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 32 mil 200 desaparecidos en el país, 3 mil 832 se registraron en el estado de México.