Este lunes entró en vigor la ley SB54 en California, Estados Unidos, que lo convierte en un estado santuario, con lo cual buscará proteger a poco más de 2 millones de migrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos.

Con la nueva legislación los policías locales y estatales no podrán indagar la condición migratoria de un detenido, y en caso de conocerla, no podrán compartirla con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con excepción de los acusados por delitos graves, por lo que se corta casi toda comunicación y colaboración con los agentes de dicho servicio.

Con esta ley, también conocida como el Acta de los Valores de California, los agentes necesitarán la orden de un juez que justifique entrar a algún centro de trabajo, incluso permite a los propietarios de hogares que no tengan la obligación de preguntar el estado migratorio a sus inquilinos.

Antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, autoridades federales recalcaron que eso no les impedirá hacer operativos a sus propios agentes. ICE no tendrá otra opción que realizar redadas en vecindarios locales y en lugares de trabajo, lo que inevitablemente resultará en arrestos adicionales, indicó un comunicado enviado a medios estadunidenses firmado por Lori Haley, vocera del ICE en Los Ángeles.

Esta norma fue aprobada en octubre pasado y firmada por el gobernador Jerry Brown, de extracción demócrata, contraria al Partido Republicano del presidente Donald Trump.

El proyecto de la SB54 fue lanzado luego de que el gobierno federal de Estados Unidos presentó la propuesta encaminada a eliminar las ciudades santuarios, las cuales se caracterizan por tener políticas de seguridad más flexibles para los migrantes indocumentados.

Luego de que el fiscal general Jeff Sessions sostuviera que este tipo de poblaciones se convierten en los mejores amigos de traficantes, contrabandistas y pandilleros, la administración de Trump buscó bloquear recursos hasta por 4.1 mil millones de dólares de dólares a cerca de 600 ciudades y condados santuarios, y establecer nuevas reglas para acceder a dichos fondos y obligar a las policías a colaborar con los servicios de inmigración. Sin embargo, en noviembre el juez federal William Orrick dio un revés a la orden ejecutiva del presidente Trump.