La oposición en el Senado trabaja en la redacción del recurso contra la Ley de Seguridad Interior, que deben presentar ante la Suprema Corte antes del próximo día 22, en que vence el plazo legal para ello. El senador Alejandro Encinas comentó que tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como el del Trabajo, Morena y un grupo de senadores de Acción Nacional (PAN) trabajan en sus propias propuestas, que deberán compartir para crear un documento, que tiene que estar listo en los próximos 10 días, para comenzar a recabar las 43 firmas requeridas.

El legislador independiente comentó que él elabora también una propuesta, con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, para llevar esa acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte.

Tengo entendido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) van a presentar también sus controversias y espero también que la Cámara de Diputados lo haga.

El senador Encinas recalcó que de presentar los cuatro recursos, la Suprema Corte seguramente las desahogará en un solo dictamen, aunque tratarán temas específicos, como el caso del Inai, que de inconformarse lo hará porque la Ley de Seguridad Interior vulnera el derecho a la información y la protección de datos.

Sin embargo, agregó que espera que coincidan con el Senado en que no hay competencia constitucional para que el Ejército intervenga en asuntos de seguridad pública. Ese, dijo, es el tema de fondo, ya que hay una confusión entre los términos de seguridad pública y seguridad interior, para tratar de pasar por encima de las disposiciones en la Carta Magna sobre la competencia de las fuerzas armadas.

Expuso que está seguro de que los senadores del PAN que votaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, el pasado 14 de diciembre, se mantendrán en esa postura.

En entrevista por separado, el vicecoordinador político del PT Morena, Miguel Barbosa, dijo que hay riesgo de que comiencen las presiones desde el poder con miras a impedir que se reúna el tercio de firmas en el Senado –43– y no se presente la acción de inconstitucionalidad. Ya veremos si el gobierno federal intenta también disuadir a la CNDH para promover la controversia. Aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto impulsó esa ley para obedecer al gobierno de Estados Unidos, que quiere que el continente americano se militarice, pero también para seguir las instrucciones de la oligarquía mexicana que quiere a un Ejército sin controles políticos reales, ante el irremediable cambio de régimen que ocurrirá en México en 2018.