Pese a que en los últimos días de 2017 fueron aprobadas medidas para enfrentar la crisis financiera que vive una decena de universidades públicas estatales, el problema aún no está resuelto.

Instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh) o la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) negociaron con las autoridades estatales o federales recursos para pagar aguinaldos y sus nóminas de diciembre. Pero los recursos aún no llegan a las arcas de las instituciones y éstas todavía tienen adeudos con sus empleados.

Rectores de las universidades en crisis y representantes de organizaciones como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios señalan que el problema es estructural y aseguraron que para solucionarlo en forma cabal se requiere una reforma estructural en materia de educación superior.

La Umsnh gestionó en 2017 recursos extraordinarios para solventar adeudos. La semana pasada la universidad informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) le hará llegar 181 millones de pesos que serán empleados para el pago de salarios a trabajadores académicos, administrativos y jubilados.

La universidad lleva más de dos meses en paro de labores a causa de los adeudos. De acuerdo con fuentes universitarias, en la última semana de diciembre se cubrieron parcialmente algunos pagos a los empleados, pero prestaciones como el aguinaldo no habían sido cubiertas.

El rector de la Umsnh, Medardo Serna, indicó ayer que espera dialogar con las dirigencias de los sindicatos de Profesores, de los Empleados, de los Trabajadores y de los Empleados de Confianza, para abordar la problemática financiera por la que atraviesa la universidad, misma que tiene 55 mil alumnos.

Los sindicatos han planteado que retomarán las labores cuando los adeudos salariales y de prestaciones estén cubiertos en su totalidad.

En la UAN, los trabajadores académios y administrativos tampoco recibieron a tiempo su aguinaldo.

El 6 de noviembre pasado, el Consejo General Universitario autorizó al rector solicitar un préstamo de 359 millones de pesos al gobierno del estado para subsanar el déficit presupuestal, y el 30 de noviembre la SEP le aprobó una ampliación presupuestal para que cumpliera compromisos contractuales y depositó casi 29 millones de pesos.

Ese mismo día la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó otra ampliación presupuestal de 30 millones de pesos con el fin de cubrir gastos de operación; sin embargo, estos recursos aún no han ingresado a las arcas universitarias.