Después de 213 días de haber sido detenido en Panamá, el ex gobernador de Quintana Roo, identificado como Roberto N, fue extraditado a México y presentado ante un juzgado de control federal, donde el Ministerio Público pidió su vinculación a proceso por su probable participación en el delito de lavado de dinero y otros ilícitos del fuero común. Hasta el cierre de esta edición aún se analizaba el aval de esta medida, así como su posible traslado a una prisión federal. Solicitó que no se divulgue su nombre como parte de las garantías de protección de datos personales.

Quien gobernó la entidad de 2011 a 2016 fue señalado por el Ministerio Público por el quebranto al erario estatal por la compraventa irregular de 22 predios, que suman una extensión equivalente a dos veces Isla Mujeres o 10 la zona de Xcaret.

Los inmuebles y terrenos fueron vendidos a precios muy por debajo de su valor real, lo que ocasionó un quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos, equivalente al presupuesto de 2017 para la nómina de todos los integrantes de las fuerzas armadas.

Sin embargo, esto corresponde sólo a los delitos federales que le imputan, ya que la fiscalía de Quintana Roo calcula que por ilícitos locales el daño total al estado supera los 3 mil 104 millones de pesos.

Para realizar las operaciones irregulares, Roberto N, quien se reservó su derecho a declarar, se valió de un plan que diseñó incluso antes de su llegada a la gubernatura, señaló uno de los fiscales al momento de presentar las acusaciones en su contra.

Ayer, durante la primera audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Nezahualcóyotl, la autoridad ministerial señaló que de abril de 2011 a septiembre de 2016 realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de ocultar o pretender esconder bienes en territorio mexicano con conocimiento de que éstos proceden de una actividad ilícita.

Señaló que para la adquisición de 22 predios ubicados en Tulum, Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Xcaret, entre otros sitios, se vieron involucrados testaferros y empresas fachada.

Tras la enajenación de bienes estatales fueron vendidos por su administración en 238 millones 790 mil 121.98 pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos. Por medio de una red conformada por familiares y amigos del quintanarroense, se conformaron empresas fantasma para la compra de los bienes y su posterior venta en un precio mucho más elevado.

En la venta de tres de los predios, las autoridades federales detectaron que se ocultó totalmente la información y no se reportó la operación a los órganos internos del estado.

Uno de los fiscales señaló que en dicha red estuvo involucrada Claudia Romanillos Villanueva, quien fuera durante su gestión directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (Ipae). En la audiencia fue señalada como una de las ex funcionarias que trabajaron con él en distintos cargos antes de llegar a la gubernatura y quienes participaron en la creación de las empresas fantasma.

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto N, al ser entregado por autoridades panameñas a oficiales mexicanos para su extradiciónFoto Ap

Durante la audiencia también se mencionó a la madre del ex gobernador, Yolanda Angulo, y a Celso González, abogado de la familia.

Fueron cinco las empresas creadas: Bancos del Caribe, Caracol 65, Siyenat, Estemar y Ruta Náutica, de las cuales 95 por ciento de las acciones eran de Celso González.

Cinco por ciento de las acciones restantes pertenecía a Lourdes Pinelo Nieto, ex secretaria particular del ex mandatario y de su padre.

Las empresas no contaban con ningún personal contratado ni reportaban alguna actividad comercial, señalaron los fiscales en la audiencia.

La espera concluyó ayer para el ex priísta luego de permanecer en Panamá casi siete meses. A pesar de denunciar tratos inhumanos en la prisión en la que se encontraba en Panamá, solicitó amparos para impedir su extradición a México tras ser detenido el pasado 5 de junio cuando intentaba tomar un vuelo desde el país centroamericano a París, Francia.

Poco después de las 10 horas del centro de México, las autoridades panameñas entregaron a Roberto N a las mexicanas y partió de la base del servicio aeronaval de Panamá rumbo a la capital del país, donde arribó a las 13:20 horas para después ser trasladado al Centro de Justicia Penal Federal.

Previo a su llegada, las autoridades federales y de Ciudad de México desplegaron un discreto operativo de seguridad. La Procuraduría General de la República (PGR), en comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que deberá afrontar acusaciones por su probable participación en el delito federal de lavado de dinero y por tres causas del fuero común por aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.

Diez minutos antes de su arribo, su abogado, José Javier López, llegó al hangar de la PGR, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Tras su arribo, señaló que por el momento no hará declaraciones sobre el proceso legal de su cliente.

A las 15:43 salió el convoy en el que fue trasladado.

El traslado lo encabezó un vehículo de máxima seguridad tipo Rhino, de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Roberto N fue llevado en una camioneta blindada con vidrios polarizados, escoltado por motopatrullas.

Un helicóptero de la policía municipal de Nezahualcóyotl sobrevoló casi una hora la zona aledaña a la sala federal.

Después de seis horas de audiencia, ayer, se mantenía la presentación de pruebas de los 22 casos de predios vendidos de manera irregular, lo cual se perfilaba a continuar durante varias horas más.