Aunque más de la mitad del territorio del país está administrado bajo la figura de los ejidos o las tierras comunales, buena parte de ellas no es productiva y ha ido pasando poco a poco a manos de propietarios privados (principalmente para el crecimiento de los grandes núcleos urbanos) debido a la falta de apoyo del gobierno.

Así lo advirtieron investigadores especializados en el tema y académicos, quienes subrayaron que, a pesar de sus carencias, este modelo de tenencia de la tierra puede ser viable, siempre y cuando se estudie caso por caso cuáles son sus posibilidades de desarrollo y se escuchen las necesidades y opiniones de los propios ejidatarios.

Carlos Sandoval, ingeniero y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, recordó que antes de la Revolución Mexicana, 90 por ciento del territorio estaba en manos de 10 por ciento de la población, pero tras el movimiento armado 53 por ciento de la tierra quedó repartida en cerca de 32 mil núcleos agrarios de tipo ejidal o comunal.

A partir de la reforma agraria de 1992 se dio la posibilidad de que la tierra social formara parte del patrimonio de individuos a título particular, lo que llevó a muchos ejidos a irse fragmentando en forma gradual para alimentar la llamada mancha urbana de las 120 principales ciudades de la nación.

Parte del origen de este fenómeno, señaló el especialista, se encuentra en la notoria falta de recursos para echar a andar la maquinaria de producción, tanto con tecnología, como con educación, inyección de capital, seguridad y resolución de conflictos sociales.

A pesar de ello, los ejidos y tierras comunales podrían ser un esquema viable si se revisaran a profundidad sus capacidades productivas y el proyecto adecuado para cada uno. Tenemos 32 mil formas de hacer negocio, pero primero tenemos que categorizarlos. Si funciona el triángulo equilátero de la relación entre Estado, empresas y sociedad, las cosas pueden caminar bien.

La imagen sería otra con tecnología, inyección de capital y seguridad para el ejidatarioFoto Carlos Ramos Mamahua

Para el experto en temas agrarios el primer paso es definir cuáles tierras de propiedad social tienen vocación agropecuaria y cuáles no, para entonces definir qué proyectos son factibles. Para éstas últimas, por ejemplo, podría haber posibilidades de desarrollo para el crecimiento urbano que cada año demanda entre 25 y 35 mil hectáreas.

Pedro Ponce Javana, subdirector de Servicio y Extensión de la Universidad Autónoma Chapingo, coincidió en que las más de 100 mil hectáreas de tierras de propiedad social que actualmente existen en México –en manos de 4 millones 661 mil propietarios– han visto frenado su desarrollo porque no han tenido respaldo suficiente por parte de las autoridades.

El Estado no ha tenido la capacidad de resolver conflictos agrarios. Sólo se han enfocado en la repartición de la tierra, en lugar de contemplar también la explotación racional de los recursos naturales. El gobierno está descuidando el medio rural, donde existen 5.8 millones de hogares y 6 millones de pequeñas unidades de producción de menos de 5 hectáreas, lamentó.

Los ejidos y tierras comunales siguen vigentes y van a continuar así por más que la teoría del desarrollo diga que los campesinos son ignorantes, lo cierto es que falta una política pública de atención a partir de sus condiciones y de los intereses de los propios productores; que ellos sean protagonistas y se investigue qué es lo que necesitan, señaló Pedro Ponce Javana.