El crecimiento de la matrícula, las obligaciones laborales de las instituciones y la insuficiencia de sus presupuestos han generado que la mitad de las universidades públicas estatales operen con algún grado de déficit financiero, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Pero la situación del déficit financiero también es resultado de prácticas poco responsables de las autoridades universitarias, las organizaciones gremiales y los gobiernos estatales, al haberse pactado prestaciones laborales por encima de lo establecido en la Ley, se señala en el documento Visión 2030 de la Anuies.

El gasto federal destinado a actividades de educación superior y posgrado de 2000 a 2016 pasó de casi 68 mil millones de pesos anuales, que representaban 0.49 por ciento del producto interno bruto, a cerca de 128 mil millones, es decir, 0.66 por ciento del PIB. Esto significa que creció 88 por ciento.

La matrícula creció en el mismo periodo 116 por ciento al pasar de un millón 377 mil estudiantes en 2000 a 2 millones 971 en 2016.

El mayor número de alumnos, el crecimiento de la oferta académica, la creación de nuevas instalaciones y otros elementos han llevado a que los costos de operación de las universidades se hayan incrementado de manera significativa. Pero esta expansión ha estado disociada de la evolución del financiamiento, considera la Anuies. De 2009 a 2016 la matrícula creció 51 por ciento y el gasto federal en educación superior sólo 18 por ciento, lo que resultó en una disminución de 22 por ciento en el subsidio por alumno.

Los recursos públicos y las transferencias de los gobiernos federal y estatales son la principal fuente de financiamiento de las universidades. Con estos recursos se pagan los salarios del personal y los gastos fijos de operación; en varias instituciones el pago de servicios personales representa más de 90 por ciento del presupuesto.

Para hacer frente a sus compromisos laborales diversas universidades han incumplido sus obligaciones fiscales y con instituciones de seguridad social (como Issste, Fovissste y Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) o bien han recurrido a préstamos bancarios. Además, a la fecha algunas de ellas tienen adeudos con sus empleados.

De las 33 universidades públicas estatales del país, al menos siete están en quiebra o en riesgo, de acuerdo con fuentes universitarias. Las instituciones en peligro de bancarrota son la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma del Estado de México; en quiebra técnica están la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y las Autónomas de Nayarit, Zacatecas y Morelos.

El rubro que más impacta a las finanzas universitarias, de acuerdo con la Anuies, es el relacionado con el pago de pensiones y jubilaciones. La mayor parte de las erogaciones por este concepto se están cubriendo con recursos presupuestales del subsidio ordinario, aunque la evolución previsible de las mismas hace inviable continuar con esa práctica.

Aunque la mayoría de las universidades han modificado sus sistemas de pensiones en la última década, la asociación prevé que la demanda de recursos para su pago se hará más crítica en los próximos años.

La situación del déficit financiero de varias universidades públicas también es resultado de prácticas poco responsables. Se acusa un déficit en materia de gestión institucional responsable, el cual deberá ser corregido por medio de una mayor profesionalización del trabajo de los directivos de las universidades y la mayor transparencia y rendición de cuentas.