La situación de discriminación que enfrentan los niños y adolescentes en el país se debe fundamentalmente a cuestiones como sus procesos de formación y desarrollo, así como a la relación de poder que entablan con otras personas para tener acceso a sus derechos reconocidos, toda vez que no se les considera titulares de los mismos, señaló el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Los niños y niñas no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor o los adolescentes no saben lo que quieren, son expresiones escuchadas a menudo y ejemplos de las representaciones sociales que obstaculizan el disfrute de garantías y libertades y que han invisibilizado las experiencias de vida de este grupo de la población, añadió.

Entre 2011 y septiembre de 2017 el Conapred recibió 671 quejas relacionadas con presuntos actos de discriminación hacia menores. Casi la mitad (312) tuvieron como causa una discapacidad, mientras 94 respondieron a una condición de salud y 58 a la apariencia física.

De acuerdo con este organismo, la violencia intrafamiliar y la falta de conocimiento, entre otras circunstancias, también impiden a la niñez el pleno goce de sus derechos.

Un análisis del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social refiere que la pobreza afecta en mayor proporción a los niños y adolescentes que a otros grupos de edad. Aproximadamente uno de cada dos menores vive en situación de pobreza (21.4 millones) y experimenta por lo menos alguna carencia social, como acceso a servicios de salud, alimentación y otros. Uno de cada nueve infantes se encuentra en pobreza extrema.

El Conapred expuso que los temas prioritarios a combatir son la pobreza que afecta principalmente a la infancia, erradicar la violencia, garantizar los derechos a la salud y la alimentación, así como promover el acceso a una educación de calidad.

Expuso que es necesaria mayor inversión para la atención de la niñez. En México, el porcentaje del producto interno bruto (PIB) destinado a los menores de cero a cinco años de edad se sitúa por debajo de otros países de América Latina (0.8 por ciento en 2013), en tanto que en países como Honduras, Costa Rica y Argentina fue superior a uno por ciento del PIB en ese año (1.6, 1.5 y 1.3 por ciento, respectivamente).

De igual manera, agregó, hace falta adoptar, como está previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las medidas de protección especial de derechos a quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas, ya sea de carácter socioeconómico o discapacidad, entre otros.