A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo afectaciones que superan los 500 millones de pesos en sus inmuebles a causa de los sismos de septiembre pasado, los edificios de solamente estaban asegurados contra daños por 30 millones de pesos.

Tan sólo el edificio que albergaba su sede central en dos torres que se localizan en Paseo de la Reforma 211-215, generó erogaciones por más de 300 millones de pesos durante los últimos ocho años en remodelaciones, adecuaciones, nivelación de suelo y hasta reforzamiento estructural debido a que ambos ya presentaban inclinaciones y hundimientos.

Toda la inversión resultó inútil, pues tras los sismos las construcciones quedaron inutilizables y por esa razón entre noviembre y diciembre pasados se extrajo la mayor parte del mobiliario y los expedientes que allí se integraban.

De acuerdo con información obtenida de colaboradores del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien se desempeña como encargado de despacho en la PGR, lo que fue la sede central de la procuraduría será reubicada de manera definitiva en otra zona del centro de la ciudad de México, aunque ya no en Paseo de la Reforma.

Nuevos domicilios

El 13 de octubre la PGR publicó en el Diario Oficial de la Federación los nuevos domicilios de distintas áreas de la institución, debido que entre otros inmuebles resultaron afectados los que albergaban la Subprocuraduría de Derechos Humanos, en la calle López 12 y 14; el de la Dirección General de Control de Procesos, en Insurgentes Sur 235; el edificio de la calle Tonalá 104, en la colonia Roma, que albergaba oficinas administrativas y lo que fue el edificio de Servicios Periciales y de la extinta Policía Judicial Federal, que servía de bodega, en Jaime Nunó, colonia Morelos.

La PGR, en respuesta a una solicitud de información pública, informó que la Dirección General de Recursos Materiales adquirió un seguro mediante el contrato PGR/AD/CN/SETV/032-12/2016, con la empresa Mapfre Tepeyac, hasta por un monto máximo de 30 millones de pesos, con una vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017.

El oficio PGR/UTAG/DG/002883/2017, refiere que es evidente que los gastos erogados por motivo de los siniestros ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del año corriente, se llevaron a cabo dentro de las obligaciones contractuales estipuladas.