esde luego, está justificado el escándalo de la opinión pública por el asesinato de funcionarios públicos, el cual hoy llena las planas de los periódicos nacionales: diputados, presidentes municipales, delegados, alcaldes o precandidatos a las alcaldías, fiscales, responsables de la seguridad de los estados y muchos etcéteras más que hoy son motivo de preocupación y reflexión de muchos mexicanos.

Desde luego, una primera pregunta que surge es por qué la saña se ha concentrado en representantes del Estado, de todos o muchos niveles. Claro está que no podemos excluir las razones personalísimas que pudieran estar presentes en tal o cual acto de violencia, pero el hecho merece una reflexión más profunda.

Por supuesto, el hecho de que se trate del ingreso al año electoral más nutrido de nuestro calendario político (2018) es motivo suficiente para el incremento de estos crímenes. La competencia electoral de este año nos hace suponer que los crímenes de este tipo irán en aumento, lo cual no debiera sorprendernos. Los comicios exacerban al incremento de actos de este tipo, que ojalá no suban de nivel y gravedad. Hay una primera atención que deben guardar los gobiernos, antecedentes que ya dieron señales de vida en los enfrentamientos de la semana pasada en Coyoacán, cuando huestes del PRD atacaron mítines que realizaba la candidata de Morena en su campaña para gobernadora de Ciudad de México en las elecciones del próximo primero de julio.

Pero el hecho de que el incremento de violencia haya sido dirigido, más que nunca, contra funcionarios públicos nos obliga a una mínima reflexión. Antes de esta coyuntura, claro está, también eran sujetos de agresión o violencia, pero tal vez no en las proporciones en que hoy se manifiesta el fenómeno.

La idea central que proponemos es que el aumento de violencia contra funcionarios públicos de diferentes niveles, a lo largo y ancho del país, se debe al incremento brutal de las desigualdades sociales, a la concentración de riqueza en unas cuantas manos, a la ausencia de perspectivas de trabajo satisfactorio para los jóvenes, así como al hecho evidente de que los esfuerzos principales del gobierno son para enriquecer más a los ya más adinerados, remitiendo a últimos lugares de sus preocupaciones las desigualdades sociales y la pobreza que se han apoderado dramáticamente del país.

La desigualdad en la distribución del ingreso en México es una de las mayores entre los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –y ha ido en aumento en años recientes–, aseguró recientemente un informe de ese organismo.

El ingreso disponible de las familias mexicanas ha caído –fuertemente– desde la crisis de 2008-2009, lo que ha ahondado la brecha entre los que más perciben y los estratos de menores recursos, de acuerdo con el reporte. Para los más pobres, el ingreso actual, medido en términos reales, es menor al de 1984. La ampliación de la brecha ha llevado a que actualmente 10 por ciento de los hogares que están en la punta de la pirámide perciban un ingreso 30.5 veces mayor que el de 10 por ciento de los hogares más pobres. Como referencia, en los años 80 del siglo pasado, cuando el país vivió la llamada década pérdida de crecimiento por la crisis de la deuda externa,10 por ciento de los hogares más ricos tenía un ingreso 22 veces mayor que el de los más pobres, según los datos aportados por la propia OCDE.

México, comparado con el promedio de la OCDE, aparece como el segundo país más desigual en distribución del ingreso, superado sólo por Chile. Mientras aquí el de los hogares más ricos supera en 30.5 veces al de los más pobres, el promedio para el conjunto de naciones que pertenecen a la organización es de 9.6 veces.

La hipótesis específica es que la violencia agudizada contra los servidores públicos se debe en gran medida a este abandono de las necesidades del pueblo mayoritario y al hecho de que las diferencia en el ingreso y en la riqueza de las distintas capas de la sociedad en el país se ha agudizado tremendamente en los años pasados. En esta perspectiva habría que decir entonces que el control real de esta erupción de crímenes hacia los funcionarios no nada más es asunto de mayor eficiencia de las policías, tanto desde el punto de vista técnico y de su adiestramiento, ni de un incremento en el número de sus contingentes, sino, sobre todo, una decisión política que tiene que ver con la desigualdad real de las clases sociales en nuestro país. Es una decisión política y no tecnológica.