A partir de hoy los ciudadanos que busquen información que los más de 8 mil sujetos obligados deben tener disponible en sus portales, por disposición de la Ley General de Trasparencia, y no la encuentren, podrán interponer denuncias ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) o en los órganos garantes estatales. Con eso podrán imponerse sanciones de 11 mil 323 hasta 113 mil 235 pesos.

Como parte del proceso paulatino de aplicación de las nuevas leyes general y federal de transparencia, el Inai realizará tres supervisiones para verificar el cumplimiento de obligaciones en cada precepto durante 2018: una primera, de carácter diagnóstico, es relacionada con las obligaciones federales; a partir de mayo se revisarán las derivadas de la ley general, pero ya con un carácter vinculante, es decir, si se identifican irregularidades se sancionará y, para el último trimestre del año se hará con ambas legislaciones.

De acuerdo con las reformas aprobadas, se hará más estricta la vigilancia para que se dé información sobre los sujetos obligados, que ahora podrán ser sancionados por las dos vías: la ciudadana o la de oficio, por parte de los órganos garantes.

La primera permitirá hacer una auditoría social, pues se podrán interponer recursos cuando alguna información contenida dentro de las nuevas obligaciones de transparencia no se halle disponible o se encuentre sin actualizar, según los plazos legalmente establecidos.

Conforme al procedimiento, el Inai o los órganos garantes, en el caso de sujetos obligados en los estados, tendrían un plazo no mayor a 30 días para verificar si la denuncia es procedente y, en segunda instancia, verificar sino se cumplen las sanciones. De proceder, el órgano garante impondría las medidas correspondientes, además de remitir el expediente al Órgano Interno de Control.

En cuanto a las verificaciones, el desfase en la aprobación de las leyes general y federal de transparencia en el Congreso se refleja en una situación similar en los plazos para cumplir las obligaciones que se desprenden de cada una. En el primer caso, el Inai y los órganos garantes comenzaron la verificación diagnóstica en mayo pasado; por tratarse de la primera experiencia, el proceso se ha prolongado.

En las proyecciones del Sistema Nacional de Transparencia, en mayo se realizará la verificación, ya con resultados vinculantes. De acuerdo con el Inai, en una primera etapa de verificación diagnóstica en agosto pasado, sindicatos y partidos políticos no cumplieron en mayor medida.

En cuanto al gobierno, la verificación abarcará el sector energético; derivado de la reforma en esa área, habrá especial énfasis en las obligaciones que en este año deberán acatarse.