Aunque ha habido algunas de sus decisiones criticadas y otras respaldadas, para la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, no consideramos que iniciemos el proceso electoral en un contexto de crisis de deslegitimación; al contrario, formamos parte de las instituciones fuertes y sólidas para llevar adelante este proceso electoral, particularmente el federal.

Otálora estimó que las salas superior y seis regionales del TEPJF desahogarán alrededor de 50 mil recursos relacionados con las 30 elecciones estatales y las federales. Si bien rechazó hablar de la judicialización del proceso electoral, señaló que el organismo ha adoptado las medidas preventivas para resolver en tiempo los recursos interpuestos, augurando que no habrá decisiones sobre las rodillas.

Durante su primera rueda de prensa desde que llegó al cargo, Otálora tuvo que aclarar su resolución contra el reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral que restringía expresamente el uso de tarjetas ofreciendo beneficios con fines electorales. A decir ahora de la magistrada, en realidad el TEPJF se confirmó –dijo– el impedimento para repartir no sólo tarjetas, volantes, dípticos, plásticos o cualquier material que ofrezca beneficios a cambio de votos ciudadanos.

En su esfuerzo por explicar los alcances de su decisión, añadió que el TEPJF considera que las disposiciones puntuales ya contenidas en la ley no pueden ser modificadas por un ordenamiento subordinado, como reglamentos o lineamientos, por lo que será el TEPJF el que resuelva, caso por caso, cuando surjan los temas. La creación de reglas adicionales a las ya previstas por la legislación no contribuye a la salvaguarda de principios constitucionales de certeza, legalidad y equidad en la contienda.

A pesar de los diferendos públicos que consejeros del INE han expresado en torno a las decisiones del TEPJF, para la magistrada las relaciones entre ambas instancias son respetuosas. Asumió que han modificado algunas decisiones de los consejeros, como el mencionado reglamento, los lineamientos en materia de libertad de expresión y la regulación de campañas, también se han avalado decisiones como la aplicación para captar los apoyos ciudadanos a aspirantes a candidatos independientes o la homologación de calendarios de precampañas.

Acerca de si el TEPJF se atreverá a anular elecciones –como no ocurrió en Coahuila–, la magistrada consideró que la nulidad de una elección no es una cuestión de atreverse o no; la nulidad debe de acreditarse de manera fehaciente con pruebas, con motivos, agravios debidamente formulados, sobre todo cuando viene impugnando una sentencia de un tribunal local. La nulidad de una elección no es una cuestión de valor de un juez, sino de lo que hay en el expediente.

Acompañada de cinco magistrados, Otálora también respondió a las críticas de que sus decisiones han favorecido a un partido en particular: Nuestras sentencias hablan por sí mismas; en ellas hemos venido definiendo criterios. No hemos resuelto a favor de los diversos actores políticos cuando han podido acreditar, ya sea desde la formulación de sus agravios o con las pruebas que han aportado, que tienen la razón.

Señaló que todo proceso electoral pone a prueba a las instituciones electorales en su capacidad de organizar comicios o de resolver los conflictos. Aseveró que los procesos democráticos generan debates intensos, procesos ríspidos y un alto grado de judicialización, pero ofreció que el TEPJF está preparado para resolver las divergencias.