La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentó un balance sobre la grave situación que durante los años recientes han enfrentado niños y adolescentes en el país. Informó que cada día son asesinados tres menores de 18 años y cuatro son reportados como desaparecidos.

Recordó que organizaciones civiles presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos datos que evidencian que entre 2006 y 2014 se cometieron alrededor de 2 mil asesinatos de niñas, niños y adolescentes, de los cuales la mitad tuvieron lugar durante enfrentamientos que involucraron a las fuerzas de seguridad.

En delitos sexuales las cifras muestran que por cada 10 casos denunciados en el país, cuatro son contra menores de 19 años, y por cada 10 víctimas de ese delito en ese rango de edad, ocho eran mujeres y dos hombres.

La organización civil destacó que no hay datos precisos sobre el número de personas desaparecidas en el país, pues algunas cifras oficiales del Registro Nacional están incompletas, al no tener disponible la información sobre edad o nacionalidad de las víctimas.

70% de extraviados, durante el gobierno de Peña Nieto

Con base en los datos oficiales, que refieren más de 32 mil personas desaparecidas o extraviadas, la Redim remarcó que uno de cada cinco casos corresponde a niños o adolescentes, y 70 por ciento han sido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El mayor riesgo para ser víctima de este delito, remarcó, lo tienen niños entre 13 y 17 años. En ocho de cada 10 casos de niñas desaparecidas estaba en ese rango de edad; entre hombres la proporción es de siete de cada 10.

Otro caso que este año evidenció el rezago en el país para garantizar los derechos de los menores fue el del albergue llamado Ciudad de los Niños, en Salamanca, Guanajuato, al que La Jornada dio seguimiento.

Se denunció que en ese espacio, fundado y dirigido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, se cometían abusos y vejaciones –entre ellos, sexuales– contra los menores, por parte del director, sus colaboradores y algunas monjas.

Esta denuncia, señaló la Redim, evidencia la deficiente supervisión de centros de cuidado de niñas, niños y adolescentes que son separados de sus familias por diferentes causas y que inicialmente quedan bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia correspondiente. Este caso no ha sido resuelto y se encuentra estancado e impune ante el impedimento de proceder legalmente contra el responsable de los delitos presuntamente cometidos en el albergue.

Al respecto, la organización exhortó al Estado mexicano a romper con la tradición de separar a los menores de edad pobres o víctimas de violencia sus familias y comunidades para enviarlos a albergues que impedirán su inclusión social con el paso de los años.

Agregó que sin el fortalecimiento de las procuradurías de protección al menor tanto federal como estatales será imposible supervisar, regular y sancionar a personas que abusan de los menores alojados en estas instituciones, que actualmente suman 879 en todo el territorio nacional, 9.7 por ciento públicos y 90.3 distribuidos entre entidades privadas y sociales, donde hay registrados 30 mil niñas, niños y adolescentes.