El colectivo #SeguridadSinGuerra solicitó a los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y Nacional Electoral (INE) interponer acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre.

Consideró que la primera entidad debe hacerlo, ya que esa norma se encuentra en franca contradicción con los estándares constitucionales e internacionales en la materia. En tanto que el órgano electoral debe hacerlo porque la ley contempla el deber para órganos autónomos de proporcionar cualquier dato requerido por las autoridades que intervienen en su aplicación, que pueden ser de carácter militar, lo que trastoca principios constitucionales de certeza e imparcialidad que rigen al INE.

Las más de 100 organizaciones que conforman este colectivo enviaron sendas cartas a los presidentes del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, y del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

En el primer caso recordaron que el propio Inai, en un comunicado del 19 de diciembre, exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, realizara observaciones al artículo 9 de la mencionada legislación, relativo al acceso a la información.

Señalaron que organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron de manera conjunta contra el contenido de la norma, al igual que seis procedimientos especiales de Naciones Unidas, quienes alertaron sobre los problemas y riesgos que ésta entraña para la vigencia de las garantías fundamentales.