De acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima (PGJE) inició procesos penales contra cinco mujeres acusadas de abortar, delito que tiene una pena de dos a cuatro años de prisión en esta entidad.

En su reporte de noviembre de 2017, el SNSP detalló que en Colima se cometieron cinco abortos ilegales en los meses de febrero, marzo, abril y agosto, de acuerdo con su monitoreo mensual de varios delitos, el cual en días recientes amplió el catálogo para el registro de víctimas de hechos del fuero común.

Las mujeres, de quienes no se dio a conocer su identidad, están recluidas en el Centro de Reinserción Social de Colima, ubicado en la capital del estado.

Según el artículo 138 del Código Penal local, la interrupción ilegal del embarazo es cometido por quien dé muerte al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y la sanción para las mujeres que lo cometan es de dos a cuatro años de prisión y multa por el equivalente a entre 50 y 60 días de salario mínimo.

No obstante, el mismo código contempla cuatro causales por las cuales no será castigado el aborto: cuando sea ocasionado culposamente por la embarazada; es decir, que no lo halla hecho intencionalmente. Cuando se practique dentro de los tres primeros meses de embarazo y éste sea consecuencia de violación o de alguna técnica de reproducción asistida indebida.

También, cuando de no provocarse el legrado con el consentimiento de la mujer, ésta enfrente peligro de muerte o afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, procurando éste la opinión de otro especialista.

Además, cuando se practique con el consentimiento de la embarazada y a juicio de dos médicos hay razón suficiente para suponer que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.

En ese contexto, el Instituto municipal de la mujer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 11 días atendió 20 casos de victimas de violencia doméstica, situaciones que fueron denunciadas a través de redes sociales a la institución, informó Pamela Viñals Bruni, titular de la dependencia.

Viñals Bruni aseguró que todas las denuncias fueron atendidas y se les orientó sobre sus derechos y la posibilidad de entablar una denuncia formal contra sus abusadores; sin embargo, dijo, en todos los casos las mujeres se negaron.

Atendimos los reportes y en este inicio de año, suman 20 casos de abuso contra las mujeres; incluso algunas personas nos solicitaron ayuda mediante redes sociales.

Destacó que aparte del apoyo legal y sicológico, pidieron a las mujeres violentadas que como propósito de año nuevo se valoren, se procuren, mejoren su imagen física, y sobre todo, no permitan la violencia de ningún tipo.