Buenos Aires.

En medio de un escándalo político por un abierto avance del gobierno de Mauricio Macri sobre el Congreso de la Nación, la juez María Servini de Cubría dispuso la libertad inmediata del ex vicepresidente Amado Boudou, después que la Cámara Federal 1 consideró arbitraria e ilegal su detención preventiva del 3 de noviembre pasado, durante la cual se violaron todas las reglas, éticas y constitucionales. Se le sacó de la cama en la madrugada y se le filmó descalzo, de forma humillante.

En este marco el gobierno promueve el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el mandatario el jueves que pretende derogar 19 leyes, cambiar otras 147, y aplicar otras serie de medidas directamente sin intervención del Congreso.

El juez Ariel Lijo ordenó su detención, sin haberlo indagado nunca, y bajo severa presión de funcionarios del gobierno de Macri que amenazaban llevar prácticamente a este magistrado a juicio político para obligarlo a mandar a la cárcel a Boudou.

Cientos de manifestantes se acercaron a la sede policial a la que llegó Boudou desde la cárcel de Ezeiza donde estuvo 70 días detenido y se produjeron momentos de fuerte emoción, abrazos y llantos. El primer agradecimiento fue para su compañera mexicana Mónica García de la Fuente, quien está embarazada de mellizos. Además agradeció la gran solidaridad de todos y a s ex funcionarios que también están detenidos ilegalmente sin estar juzgados.

Estoy convencido de todo lo que hicimos y sé que lamentablemente nos toca pasar esto con mucha fe porque sucedió antes en otros momentos políticos. Pienso en mis compañeros que se quedaron y es duro o perder la libertad y estar en un penal de máxima seguridad, pero sabemos que lo que importa lo que está en juego para el país.

También la cámara destacó que Boudou en todo momento en que fue citado se presentó y cumplió todos los requisitos, y en la resolución también se marcan una cantidad de irregularidades graves en la construcción de las causas por parte del juez Lijo.

En este marco el jurista y constitucionalista Eduardo Salvador Barcesat quien destacó el valor de algunos camaristas, cuando el gobierno está manejando abiertamente sectores de la justicia, en forma revanchista, calificó de golpe de Estado institucional perpetrado por el gobierno de Macri, el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el mandatario el jueves y denominado desburocratización y simplificación, y que pretende derogar 19 leyes, cambiar otras 147, y aplicar otras serie de medidas directamente sin intervención del Congreso.

Barcesat señaló que con esto se evita el debate de la Ley de Reforma Laboral y otra serie de medidas de ajustes que no pasarían el tamiz del Congreso, y además eliminar todas las leyes que le ponen un freno al saqueo de las corporaciones, pero además advirtió la gravedad institucional de este extenso decreto de 22 artículos y casi 200 página que configuran un golpe de estado institucional. Destacó que el gobierno nacional acaba de avasallar las compuertas de la división de poderes mediante el dictado, inmediata publicación y entrada en vigencia del Decreto 27/2018.

Todo esto cuando la legislación advierte que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales.

El jurista sostuvo: Estamos, indudablemente, ante un golpe de estado institucional, perpetrado en el momento más lábil para las instituciones de la república, y cuando el gobierno nacional acusa el impacto de su creciente descrédito por el debate sobre la reforma previsional, la represión ejercida sobre el pueblo de la nación, y el ineluctable fracaso del proyecto económico.

Recordó que finalmente, que el artículo 36 de la Constitución Nacional reconoce a todos los ciudadanos el derecho de resistencia cuando se avasalla la supremacía de esta. En el mismo sentido se expresó el diputado Agustín Rossi presidente del del Frente para la Victoria quien anticipó este viernes que pedirá la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras cosas, flexibiliza los controles para las empresas que incumplen la legislación laboral y permite embargos directos sobre las cuentas sueldo.

Sostuvo que está claro que el presidente Mauricio Macri se burla del Parlamento y saca este decreto con la excusa de desburocratizar el Estado y adelantó que pedirá que "la Comisión Bicameral analice el decreto redactado a medida de la internacional OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que, en 22 capítulos y 192 artículos modificó más de 140 leyes y normativas”. Ahora el gobierno intenta limitar la actividad parlamentaria dijo Rossi quien advirtió que hay descontento en toda la oposición.

Añadió que se va rechazar el DNU por inconstitucional e inválido por las formas y porque regula sobre competencias atribuidas constitucionalmente al Congreso sin que exista situación de extrema necesidad, que ponga en riesgo las funciones esenciales o la continuidad del Estado. Otra vez el presidente atravesó la esfera de la división de poderes, se extralimitó en sus facultades y avanzó ilegítimamente sobre atribuciones del Congreso porque no hay razones, ni necesidad ni urgencia para disponer modificaciones sustanciales sobre las materias reguladas.