La presencia de tres integrantes del Comite de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción durante la presentación de la denuncia pública del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre presuntas represalias del gobierno federal por su combate a la corrupción de su antecesor priísta, César Duarte Jáquez, representa una postura institucional de respaldo a las acciones contra este problema arraigado en México, sostuvo la presidenta de este organismo, Jacqueline Peschard.

Sin embargo, tras la secuela que desató la confrontación entre los gobiernos federal y el de Chihuahua, Peschard deslindó al CPC de involucrarse en el debate político-electoral asociado, porque no es papel de esta instancia incorporarse a esa discusión, como tampoco pretendió ser un respaldo a Por México al Frente –que coaliga a los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano–, pues el comité apoyará todas las acciones de lucha contra la corrupción, con independencia del signo político que tenga cada gobierno.

En entrevista, Peschard mencionó que la víspera al anuncio público de Corral funcionarios del gobierno de Chihuahua contactaron a los miembros del CPC y remitieron un expediente con las pruebas en donde se señalaba que las acciones realizadas para esclarecer y sancionar los desvíos de la administración de Duarte Jáquez hacia el PRI. Los integrantes del CPC valoraron los elementos de prueba y estimaron que era razonable respaldarlo en función a las facultades que les confiere la ley de coordinar e impulsar los esfuerzos anti corrupción.

El aval

Tras esta deliberación consensuaron un posicionamiento del CPC que señalaba El apoyo a los esfuerzos del gobierno de Javier Corral por sanear las finanzas del estado y perseguir a los funcionarios que desviaron recursos estatales con fines electorales y privados, y avalaron la demanda del mandatario estatal expresando Su rechazo absoluto a la reducción presupuestal del actual gobierno de Chihuahua, medida tomada como escarmiento por denunciar los malos manejos de la anterior administración estatal de César Duarte,.

Peschard mencionó que hubo consenso en esta postura, por lo que el hecho de que sólo acudieran al acto tres de ellos obedeció más bien a cuestiones logísticas de dos de los integrantes. “En este caso correspondió respaldar las acciones del gobierno de Chihuahua, pero lo hubieramos hecho con cualquier otro gobierno que emprendiera medidas para combatir la corrupción, porque, subrayó, forman parte de las facultades del CPC.

Esta postura, apuntó la presidenta del comité, se recoge en el posicionamiento oficial frente al caso Chihuahua: El apoyo a todas las organizaciones de la sociedad civil que buscan ponerle freno a la corrupción que sigue imperando en el desvío de fondos públicos, la contratación de empresas fantasmas, las asignaciones directas como medio para evitar la transparencia, la falta de rendición de cuentas de las entidades y funcionarios y la opacidad que rige el manejo del presupuesto en la mayoría de las entidades federativas de nuestro país.