Zacatecas, Zac.

El Registro Agrario Nacional (RAN) no encontró antecedentes registrales que demuestren que la compañía minera canadiense Pan American Silver es propietaria del predio que disputa legalmente a los habitantes de la comunidad La Colorada, del municipio de Chalchihuites, a quienes desalojó de sus casas y terrenos a finales de 2015.

Los pobladores de la localidad promovieron el año pasado un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), mediante el cual buscan demostrar que el predio en disputa, de mil 150 hectáreas, tiene la categoría legal de tierras nacionales, sobre las que cientos de comuneros han tenido la posesión durante más de cinco generaciones.

La tarde del 10 de enero se celebró una audiencia más del juicio en manos del TUA, con número de expediente 537/2016, entre los habitantes de La Colorada y los representantes de Pan American Silver, a la que fueron convocados por la magistrada Leticia Díaz de León para escuchar los testimonios de tres testigos que presentarían cada una de las partes en litigio.

En dicha audiencia se conoció la resolución oficial que envió el RAN, solicitada por el propio tribunal para conocer si existía algún antecedente de registro previo de algún ejido, comunidad indígena o ente privado.

Los comuneros llegaron con tres oriundos de comunidades aledañas a La Colorada, quienes testificaron ante la autoridad agraria sobre el conocimiento y convivencia que durante décadas han tenido con los pobladores de la primera localidad, quienes acusan a la empresa minera de haberlos despojado a la fuerza, y sin ningún argumento legal, de sus casas y tierras.

La compañía minera presentó como testigos de prueba de la propiedad de los terrenos que ocupa a tres de sus empleados originarios del estado de Durango, entre ellos Carla Sosa, gerente de Recursos Humanos de la minera.

Escrituras apócrifas

El predio en disputa tiene mil 150 hectáreas, de las cuales la minera canadiense cercó 774, que es donde realiza sus actividades operativas. Pan American Silver presentó ante el TUA escrituras nota- riadas para intentar demostrar la propiedad del predio.

Sin embargo, los habitan- tes de La Colorada impugnaron desde el principio dichas escrituras, asegurando que son apócrifas, y la resolución que el RAN acaba de emitir les daría la razón a los comuneros, pues ellos demostraron primero que en el Registro Público de la Propiedad de Zacatecas no están inscritos esos terrenos que la empresa de capital canadiense dice tener, y ahora las autoridades federales han confirmado que en términos agrarios tampoco está registrado el predio a nombre de Pan American Silver.

Al término de la audiencia, los comuneros de La Colorada y sus representantes –José Francisco Tamayo, apoderado legal solidario; Felicitas Guerrero Pasillas, representante legal y vecina y oriunda de La Colorada; Raymundo Aguirre, habitante, y Miguel González Fernández, el otro apoderado legal también originario de La Colorada, así como Efraín Arteaga Domínguez, vocero y asesor externo de la comunidad– narraron a La Jornada lo que ocurrió durante la audiencia en la sede del TUA.

El abogado Efraín Arteaga Domínguez opinó que hay un avance favorable a los habitantes de La Colorada contra el desalojo que sufrieron por parte de la minera canadiense, pues de entrada, dijo, los testigos de la empresa son “de una validez –yo diría– nula, porque presentó puros testimonios de empleados que ni siquiera son originarios de la región. Por lo tanto, ellos no pueden dar fe de la condición previa en esa comunidad a la llegada de la empresa.

En cambio los tres testigos de los comuneros son personas originarias de la región y dieron fe de que esa localidad existe ahí desde tiempos inmemoriales, muchas décadas antes de que llegara la minera.

Por otro lado, señaló Arteaga Domínguez, es valiosa la notificación que hizo llegar el RAN, donde se expone que José Rafael Minor Molina, director general de asuntos jurídicos de ese organismo federal, ha notificado que en los archivos del área de Normatividad Registral de la Dirección de Registro y Control Documental, no se localizaron antecedentes registrales del terreno amparado por el plano que se anexó, en el oficio de solicitud de información del TUA.

Esto quiere decir que el RAN no encontró ningún antecedente registral de que en la superficie que señalan los habitantes de La Colorada exista ningún otro ejido, ninguna comunidad indígena ni alguna propiedad privada.

Dicha notificación oficial, afir- mó Efraín Arteaga Domínguez es importantísima, porque deja en pie la afirmación de los habitantes de La Colorada de que ellos ocupan desde tiempos inmemoriales terrenos nacionales.

La comunidad La Colorada nunca fue regularizada jurídicamente por parte de las autoridades agrarias del país. Sus habitantes nunca se ocuparon del tema, hasta ahora, a partir del despojo que sufrieron paulatinamente desde 1998 y luego en forma radical en diciembre de 2015, cuando la minera los desalojó de sus casas y terrenos usando guardias de seguridad privada armados. Ahora, aunado al juicio que abrieron ante el TUA, y con base en la confirmación de que ocupan terrenos nacionales, los habitantes de La Colorada han solicitado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que regularice formalmente su propiedad, con el antecedente jurídico de que ellos son posesionarios de manera pública, formal y pacífica, reconocidos históricamente por autoridades municipales y estatales.

Desde hace más de 80 años, concluyen, la comunidad ya aparecía en los mapas de Zacatecas.