as cifras son elocuentes: mientras 37 por ciento de los hombres no indígenas vive en pobreza en México, dicha condición alcanza a 88 de cada 100 mujeres indígenas, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para 2016. Como se puso de relieve durante el foro Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe, esta circunstancia se replica en todos los países con presencia de grupos autóctonos y genera condiciones de triple exclusión en el acceso a todo tipo de bienes y servicios, por su calidad de mujeres, indígenas y pobres.
Esta marginación se da pese a que las mujeres desempeñan papeles de igual importancia a los de los hombres en la vida social, económica y política de sus comunidades, e incluso, como ocurre en las poblaciones más afectadas por el fenómeno migratorio, que en muchos casos sean ellas quienes han tomado en sus manos el rol dirigente ante la ausencia de varones. En los años recientes al déficit de igualdad en los espacios de decisión y a la descomunal brecha de ingresos se ha sumado la descontrolada violencia de género, una lacra que cobra cada día la vida de siete mujeres sin que hasta ahora se articule una respuesta de Estado coherente con la magnitud del desastre.
Si bien, como queda dicho, la injusticia estructural contra las mujeres indígenas no es un mal exclusivo de nuestro país, lo cierto es que México enfrenta un rezago inaceptable en el combate a la discriminación multifactorial, como muestran casos tan emblemáticos como los de las mujeres que han dado a luz en la vía pública al negárseles atención hospitalaria, o el de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres hñähñú que pasaron tres años encarceladas por el cargo inventado de secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Un avance para subsanar esta deuda histórica se encuentra en la Constitución de Ciudad de México, promulgada en febrero de 2017, la primera del mundo en integrar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, la Carta Magna local reconoce a las comunidades originarias como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio –una figura legal mucho más avanzada que la de entidades de interés público
asentada en la Constitución federal de espaldas y en contra de las peticiones de las organizaciones indígenas– además de establecer su derecho a la libre determinación dentro de un marco de autonomía.
La aprobación de este vuelco en el estatus jurídico de los indígenas en la capital del país demuestra que cuando existe la voluntad política es posible adecuar las leyes para que sean congruentes con la defensa de los derechos de los pueblos originarios a que se encuentra obligado el Estado, la cual pasa de manera ineludible por el reconocimiento de su identidad. Pero más allá de las reformas pendientes, resulta imperativo que se apliquen las normas vigentes para garantizar el desarrollo pleno de los indígenas, y en particular de las mujeres.
