A más de un año del asesinato de dos integrantes de una familia originaria de Oaxaca, que se encontraba de vacaciones en Veracruz, así como de la desaparición forzada de tres más –al parecer en manos de efectivos de la Marina– la Procuraduría General de la República (PGR) no ha hecho avances en la investigación sobre el caso a pesar de que existen circunstancias suficientes para eso, afirmó la organización de litigio estratégico Idheas.

Como publicó en su momento este diario (2 de marzo de 2017) la familia Ramírez Bravo salió el 30 de diciembre de 2016 en dos vehículos desde Huajuapan de León, Oaxaca, para pasar algunos días de descanso en Veracruz.

Aunque los vacacionistas trataron de volver el 4 de enero de 2017, las protestas por el alza a los precios de la gasolina impidieron que pudieran dejar el puerto, por lo que decidieron quedarse un día más.

A la mañana siguiente cinco viajeros buscaron combustible para las camionetas en las que viajaba la familia, además de explorar posibles vías de salida. Unas horas después avisaron a sus seres queridos que ya iban de regreso por ellos al hotel en el que todos estaban alojados.

Poco más tarde la familia se enteró por televisión que Hugo Alberto Ramírez Bravo y Luis Uriel Ortega Jaca habían sido asesinados a tiros frente a una gasolinería. Al acudir al lugar de los hechos supieron que Jaciel, Levi y Rafael Armando Ramírez Bravo habían sido detenidos por los autores de los disparos, quienes de acuerdo con testigos presenciales eran efectivos de la Secretaría de Marina.

La Armada negó su participación en los hechos, pero la familia de vacacionistas dijo haber recabado testimonios extraoficiales de marinos que admiten que la institución castrense sí tuvo que ver en los asesinatos y desapariciones, por haber confundido la camioneta donde viajaban los vacacionistas con el vehículo donde al parecer habían detectado a un grupo delictivo.

El problema es que tanto la PGR como la Fiscalía de Veracruz no han llevado a cabo acciones tendentes a corroborar la información de la Marina, de que ellos no fueron, ni tampoco indagaron una llamada anónima que recibieron los familiares de las víctimas en la cual señalaban como responsable de los hechos al teniente de corbeta Gardiel Andrade Arana.

De igual forma, la litigante de Idheas denunció que no se ha investigado sobre algunos cabellos que se encontraron en el vehículo de los vacacionistas asesinados, ni tampoco el hecho de que hay registros de diversos viajes en autobús realizados a nombre de Levi, Jaciel y Rafael Armando Ramírez Bravo, quienes se encuentran desaparecidos.

“El Comité de la ONU de Derechos Humanos ha emitido acciones urgentes para que se investigue el caso, pero el Estado ha sido omiso. Ni la PGR ni la Fiscalía de Veracruz han sido diligentes en esta indagatoria; pretenden agotar una investigación ‘de escritorio’, cuando sabemos que es indispensable hacer investigaciones de campo”.

Carolina Bravo, madre de Jaciel, Levi y Hugo Alberto, coincidió en que a pesar de los múltiples viajes que ha realizado a Veracruz para conocer los avances de la indagatoria, están en lo mismo y no dan informes. Hay muchos indicios, hay por dónde, pero yo creo que ellos no quieren (avanzar). Yo ya estoy muerta en vida y no tengo miedo. Nada más quiero que me entreguen a mis hijos y ya.