Túnez.

Miles de personas marcharon este domingo por la capital de Túnez, en el séptimo aniversario de la movilización que acabó con los 23 años de gobierno de Zine Al Abidine Ben Ali, para exigir, al igual que en 2011, justicia social, además protestar contra el alza de los impuestos y los precios de los productos básicos.

En medio de un amplio dispositivo de seguridad, los manifestantes, asfixiados por los mismos problemas económicos que desencadenaron hace siete años la revuelta, coreaban trabajo, libertad y dignidad y demandaron se elimine la reducción presupuestaria, mientras marchaban a lo largo de la emblemática avenida Habib Bourguiba.

Partidos y sindicatos llamaron a manifestarse este domingo en Túnez con ocasión del séptimo aniversario de la revolución, que tiene un significado especial ya que apenas hace una semana se produjeron manifestaciones para reivindicar exactamente lo mismo que provocó las movilizaciones de la llamada Revolución de los Jazmines.

Muchos de los manifestantes eran del opositor Frente Popular, que acusa al primer ministro, Yusef Chahed, de ser el responsable de los disturbios de los últimos días, que dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 800 detenidos.

Tras una semana de protestas que culminaron con disturbios entre el lunes y el jueves en varias ciudades, el gobierno anunció la noche del sábado que se asignará un presupuesto equivalente a unos de 40 millones de dólares, en el aumento de ayudas a las familias más necesitadas.

La revolución tunecina, punto de partida de la denominada Primavera Árabe, comenzó el 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Sidi Buzid, cuando un vendedor ambulante se prendió fuego después que la policía le confiscó su carrito de verduras.

Tras semanas de protestas por el desempleo y el alto costo de la vida, el entonces presidente Bel Ali huyó a Arabia Saudita el 14 de enero de 2011.

Tras la revolución la economía tunecina se vio más afectada por la inestabilidad, el gobierno, en dificultades financieras, acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI), que le concedió en 2016 créditos por dos mil 400 millones de euros, con la condición de que redujera sus déficits presupuestarios y comerciales.

Además del aumento de los impuestos y los cambios en el sistema comercial, el FMI ha exigido al gobierno aligerar el gasto y reformar la administración pública, lo que llevará este año a la pérdida de cerca de un millón de puestos de trabajo.