Con claroscuros por logros y reticencias insuperables concluirá la primera presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entre cuyos saldos destacan: infructuosos llamados para completar la integración de las instancias involucradas, inoperancia en las investigaciones sobre el caso Odebrecht, solicitudes frustradas de información al Servicio de Administración Tributaria relacionadas con la operación de las empresas fantasma o una fallida petición para transparentar el contrato gubernamental para adquirir el sistema Pegasus.

A casi un año de operación del CPC, su presidenta, Jaqueline Peschard, define que la corrupción es una hidra de muchas cabezas y lo que ha reflejado este primer año de existencia del comité es la complejidad que implica combatirla. En su evaluación, señala, no hay frustración por las resistencias que no han podido superarse en este periodo, puesto que pondera el hecho de que se hayan colocado los cimientos para construcción de relaciones institucionales de instancias que enfrentarán este fenómeno a futuro.

Peschard terminará el 9 de febrero su gestión, pero hoy encabezará la última sesión del comité coordinador del CPC, pues la designación de su relevo ya está en curso. Desde su llegada advirtió la importancia de lograr avances en uno de los casos más emblemáticos: la trama de presuntos sobornos asociados a la operación en México del caso Odebrecht. Sin embargo, con excepción de las sanciones administrativas a una de las filiales de las empresas, por parte de la Secretaría de la Función Pública, el entramado de operación no ha sido castigado penalmente.

Este año lo que hemos visto es una lucha muy difícil, complicada, enfrentando una serie de resistencias para desmontar diversas rutinas institucionales. Lo que hemos podido identificar es que es un problema muy complejo, que no se va a poder resolver de la noche a la mañana sólo con la creación de un sistema anticorrupción cuya integración todavía se encuentra pendiente de completar, advierte Peschard en su balance de gestión.

Con los plazos legales vencidos para su designación, aún no se elige a los magistrados que serán adscritos a las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para atender casos graves de violaciones cometidas por funcionarios; no se ha nombrado al fiscal anticorrupción; se abortó el proceso de elección del auditor Superior de la Federación, y en el plano estatal hay retrasos importantes en homologación de leyes, creación de los Comités de Participación Ciudadana estatales, entre otros rezagos en la construcción del SNA.

–¿Se politizaron los procedimientos de designación de estos funcionarios?

–No sé si se pueda decir que se politizaron; lo que está claro es que se demandaban garantías para que en la designación se otorgaran las garantías suficientes de autonomía. No se puede prosperar en este ámbito sin un fiscal o magistrados que más allá de las capacidades demuestren su autonomía.

Este año el CPC intentó infructuosamente que el SAT entregara información relacionada con la operación de empresas fantasmas (detectadas por la Auditoría Superior) a fin de avanzar en su investigación y, en su caso, llevar a cabo el proceso legal. La falta de respuesta institucional del SAT motivó que los cinco comisionados del CPC acudieran a la realización de solicitudes de acceso a la información

A pesar de ello, Peschard reivindica avances en la identificación de los referentes necesarios para el combate a la corrupción, pero también en los factores que han convertido su combate en algo mucho más complejo. Se han identificado los retos fundamentales que enfrentará el SNA en el corto y mediano plazos, si bien la presidenta del CPC subraya que 2018 será muy complejo para consolidar avances porque es un año dominado por la contienda electoral.

Sin embargo, para Peschard un logro importante es avanzar en una mayor presencia de la sociedad civil en los ámbitos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, por lo que ya hay una ruta clara a seguir.