Madrid.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió este lunes que la vigencia de la aplicación del artículo 155 en Cataluña se mantendrá en caso de que siga adelante el plan para investir como presidente a Carles Puigdemont por vía telemática.

Esto significa que seguirá suspendida la autonomía de la región, como se dispuso tras la declaración de independencia el 27 de octubre, y no tomará posesión el nuevo gobierno catalán surgido de las urnas el 21 de diciembre, cuando los partidos independentistas ganaron 70 de los 135 escaños en disputa.

Rajoy insistió en que en Cataluña, además de la legalidad, se debe recuperar el realismo, pues un presidente debe comparecer ante la cámara para pedir el voto y someterse al control de los diputados, de manera que la pretensión de Puigdemont “ya no es sólo un problema jurídico y político, sino de sentido común.

Advirtió que en el supuesto de que el ex presidente catalán –refugiado en Bélgica y con una orden de detención en territorio español– pretendiera la investidura a distancia ayudado de los servicios tecnológicos, el 155 seguirá vigente.

Puigdemont respondió por medio de las redes sociales: el partido de Rajoy ha obtenido sólo cuatro diputados y continúa gobernando Cataluña desde Madrid, tras lo cual le ha emplazado a que sea demócrata y respete la decisión del Parlamento de restituir el gobierno catalán.

Por lo pronto, los servicios jurídicos del Parlamento rechazaron en un informe la propuesta de Puigdemont para una investidura a distancia. Señalaron que la naturaleza del debate de investidura hace obligatoria la presencia del candidato, para fomentar un diálogo entre éste y el resto de los diputados.

Otra mala noticia para Puigdemont y los militantes del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), herederos de Convergencia Democrática de Cataluña, fue la sentencia de la Audiencia de Barcelona sobre la corrupción generalizada que se registró en los años de gobierno de Jordi Pujol (1980-2003) y Artur Mas (2010-2016), dos de los líderes más destacados del independentismo conservador catalán.

La sentencia obliga a este partido a pagar 6 millones 600 mil euros por las comisiones ilegales que habría recibido para su financiamiento irregular y hubo también histórica condenas contra algunos de los personajes más destacados de la trama. Entre los condenados destacaron Félix Millet –nueve años y ocho meses de cárcel y 4.1 millones de multa– y Jordi Montull, siete años y medio, y 3 millones.

También para el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, condenado a más de cuatro años de cárcel y 3.7 millones de multa. La hija de Montull y ex tesorera del Palau, Gemma Montull, también ha sido condenada a cuatro años y seis meses de cárcel y el pago de 2.6 millones.

La fiscalía anunció que pedirá el ingreso a prisión de los principales condenados.