La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que el Instituto Nacional de Migración (INM) utiliza de manera ilegal las instalaciones de lo que fuera una cárcel en Fortín de las Flores, Veracruz, como centro de detención de migrantes centroamericanos, con lo que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, a la protección a la salud, al interés superior de la niñez y al trato digno.

Por ello dirigió una recomendación al titular del INM, Ardelio Vargas, debido a que de 2014 a la fecha, 122 personas en contexto de migración internacional de nacionalidades guatemalteca, salvadoreña y hondureña, fueron detenidas y alojadas indebidamente en esa antigua cárcel, pese a no estar reconocida legalmente como recinto migratorio, con lo que se violentaron normas internacionales.

Los estándares internacionales asientan que la detención de las personas en contexto de migración sólo debería ser en los lugares previstos legalmente para ello. La CNDH lamentó que las instalaciones de Fortín de las Flores se usen para tal fin, pese a que no reúnen las características que debe tener como recinto migratorio de alojamiento para otorgar una estancia digna.

Tras sus investigaciones, el organismo documentó que los migrantes que eran llevados a ese lugar no se les proporcionó asistencia consular, atención médica, ni acceso a llamadas telefónicas con sus familiares y consulados, además de que ocho menores no acompañados (una niña y siete niños y adolescentes varones) convivieron con adultos de ambos sexos en áreas de alojamiento muy sucias y parecidas a celdas.