Acapulco, Gro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la noche del lunes un juez de control vinculó a proceso a 25 pobladores detenidos el 7 de enero en el poblado La Concepción, en la zona rural de Acapulco, tras los enfrentamientos en que murieron 11 personas, entre ellas cinco policías comunitarios.

A los 25, entre ellos el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, se les acusa de homicidio calificado. El juez señaló que las investigaciones deberán concluir a más tardar el 14 de julio e impuso prisión preventiva a los imputados mientras dure el proceso.

A los pobladores y policías comunitarios se les acusa del homicidio de seis personas, cometido la madrugada del domingo 7 de enero, durante la fiesta de la Purísima Concepción. De acuerdo con el comisario de La Concepción, Florentino Melchor, dos víctimas eran menores de edad.

En el tiroteo también perecieron dos policías comunitarios, quienes, según testimonios, fueron recibidos a balazos por civiles armados que se encontraban en un plantel de telebachillerato al ir tras un sujeto que orinó frente a la casa de justicia de los comunitarios en La Concepción.

Horas después, alrededor de las 11:30 horas del domingo, tres comunitarios fueron abatidos por policías estatales y ministeriales, quienes acudieron a desarmar y detener a los elementos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan consideró que la operación policiaca fue violatoria de los derechos humanos, que tres policías comunitarios fueron ejecutados y a varias personas se les detuvo arbitrariamente y torturó. Además, se dejó en situación de vulnerabilidad a familias que hace años se organizaron en el Cecop y la CRAC-PC para defender su derecho al territorio y al consentimiento libre, previo e informado de proyectos de infraestructura.

Según Tlachinollan, la actuación parcial e irregular del Estado frente al conflicto derivado de la pretensión de construir la presa hidroeléctrica La Parota ha polarizado a la comunidad y propició la incursión extremadamente violenta en La Concepción.

Policías estatales, guiados por el comisario de La Concepción, siguen persiguiendo e intimidando a simpatizantes del Cecop, a quienes culpan de las muertes del enfrentamiento del domingo en la madrugada, agregó el organismo.

Tlachinollan afirmó que el desmantelamiento de la policía comunitaria es un golpe directo a ese sistema de seguridad y justicia indígena, legal y protegido por tratados internacionales de derechos humanos, y también vulnera el derecho a la tierra y el territorio, pues la CRAC-PC ha contribuido a que el Cecop detenga la construcción de la presa.