Moscú.

Con el anuncio del presidente Vladimir Putin sobre la retirada de la mayor parte de los efectivos rusos destinados en Siria –que muchos interpretaron aquí como el enésimo guiño del candidato presidencial del Kremlin a un electorado ansioso de noticias positivas–, surgió la necesidad de legalizar las llamadas Compañías Militares Privadas (CMP), eufemismo que pretende encubrir el trabajo sucio de simples mercenarios, que ahora tendrán más contratos que cumplir en el país árabe y en cualquier otro lugar del mundo.

Hasta ahora, aunque desde 2014 aparecieron en la prensa local los primeros reportajes de investigación acerca de combatientes a sueldo –ex militares rusos sin empleo– en el conflicto de Ucrania y después en Siria, el Kremlin había negado la existencia de ejércitos privados rusos, a imagen y semejanza del estadunidense Blackwater, ahora denominado Academi, prototipo de los grupos de mercenarios que ofrecen sus servicios al mejor postor.

Pero en un cambio drástico de discurso, el canciller Serguei Lavrov afirmó el lunes anterior que –tomando en cuenta que muchos países practican el uso de las CMP para no comprometer a su ejército en caso de que los resultados de las operaciones militares no sean los deseados–, habría que considerar la posibilidad de crear el fundamento legislativo para legalizar la existencia de este tipo de compañías en Rusia y proteger socialmente a los rusos que trabajan en ellas.

Tan sólo dos días después, este miércoles, Andrei Isayev, uno de los miembros más influyentes de la bancada oficialista en la Duma, dio a conocer que antes de un mes estará listo el respectivo proyecto de ley, pues es muy peligroso que ese tipo de empresas sigan funcionando de modo casi clandestino.

Según el legislador, tenemos que decidir: o prohibimos las CMP en Rusia, o su actividad tendrá que atenerse a ciertas reglas estipuladas por ley. No es el primer intento de someter a votación una ley en la materia: en diciembre de 2014 no alcanzó la mayoría necesaria, a pesar de que el propio Putin dos años antes, en 2012, opinó que no veía con malos ojos permitir ese tipo de actividad.

Después de la participación del canciller Lavrov en el debate indirecto, que los legisladores tomaron como línea marcada desde el Kremlin, se cree que esta vez no habrá impedimento para legalizar los ejércitos privados rusos.

Sin embargo, conforme a las filtraciones interesadas que comenzaron a circular aquí, la ley –más allá de autorizar la existencia de las CMP, que dejarán de ser consideradas grupos de mercenarios– deberá contener varios principios, entre otros:

El Estado podrá contratar de modo oficial a los combatientes para operaciones contraterroristas y la defensa de la soberanía de países aliados, así como de instalaciones estratégicas.

Asimismo, la ley debe prohibir que las CMP participen en operaciones para derrocar gobiernos legítimamente electos o realicen labores de desestabilización, de igual forma que no podrán actuar en contra de los intereses de Rusia.

A cambio, los mercenarios, esto es, los empleados de las CMP, obtendrán garantías sociales, incluida una indemnización a sus familiares en caso de muerte.

Si esa ley se aprueba, las autoridades ya no podrán negar que, en tal o cual país, murieron en combate ciudadanos suyos. Por poner un ejemplo, hasta diciembre pasado, de acuerdo con diversas fuentes, murieron en Siria entre 73 y 101 integrantes de un ejército privado ruso.