Parlamentarios de la Unión Europea manifestaron su preocupación por la grave situación que enfrentan en México los defensores de derechos humanos, particularmente la crisis que en esta materia se enfrenta en Guerrero.

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, expresan alarma porque en este sexenio se han perpetrado en el país 106 asesinatos y 81 desapariciones de activistas, como documenta el informe La esperanza no se agota, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Firman la misiva 35 parlamentarios de 12 estados miembros de la Unión Europea. Hacen especial mención a la crisis que se enfrenta en Guerrero, particularmente sobre la grave situación de riesgo que viven los familiares de desaparecidos, las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada por la violencia y las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan.

Asimismo, mostraron preocupación por la falta de garantías que enfrentan para su labor el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organizaciones con sede en esa entidad, así como por la falta de canales de participación efectiva para que las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir a hacer frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en el estado.

Al respecto, más de un centenar de organismos nacionales y extranjeros reconocieron el llamado de atención de los representantes europeos, al considerar que envían una importante señal sobre el nivel de urgencia con el que México debería tomar medidas.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y la Red TDT, entre otras, informaron que la carta de los parlamentarios es resultado de acciones de incidencia de su parte, las cuales se promovieron antes de los hechos del 7 de enero en la comunidad La Concepción, en la zona rural de Acapulco, que dejaron 11 muertos y más de 30 detenidos.

En este contexto, dichas organizaciones instaron a las autoridades federal y locales a tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para hacer frente a la grave crisis de garantías fundamentales en Guerrero, así como asegurar la investigación efectiva de las violaciones a los derechos de los activistas en la entidad, incluyendo casos emblemáticos de la situación, como los recientes hechos en Acapulco o la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, hace más de seis años.