La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) interpuso una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le solicitó realizar audiencias públicas para su análisis y discusión, así como dar atención prioritaria al asunto.

Tras informar que se sumará al recurso amicus curiae presentado por su homóloga nacional y otras instancias contra dicha legislación, señaló que los artículos 31 y tercero transitorio afectan la competencia de la comisión, porque no le permiten cumplir con su objetivo de garantizar los derechos humanos de quienes habitan y transitan por la Ciudad de México.

La CDHDF y otros organismos autónomos tendrían la obligación de proporcionar información que se genere, administre o se tenga en posesión sin importar de quien se trate, la condición que tenga como víctima o la vulneración de que haya sido objeto, lo cual genera una situación de riesgo para ellas.

Se trata, consideró la presidenta del organismo, de una invasión de nuestra competencia, que no nos permitiría cumplir cabalmente nuestras obligaciones en favor de proteger garantías y derechos, porque estaríamos brindando a las autoridades datos personales de las víctimas, como los desaparecidos y gente que ha recibido tortura.

Ellos, argumentó, ya no tendrían protección de su información personal, estarían a la deriva, por lo que después de una valoración de la legislación federal, vimos que contraviene nuestras atribuciones y funciones, por lo que decidimos presentar una controversia constitucional, lo cual es muy fuerte.

Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, informó que el organismo impugnó la Ley de Seguridad InteriorFoto Guillermo Sologuren

Con la sólida argumentación que se presentará, porque estos fenómenos no son sencillos y ha habido interpretaciones diferentes de la Corte, pensamos que con lo que estamos fundamentando, de entrada, va a permitir que la acepte y se discuta, señaló al término de la presentación del libro Reintegración migrante: un modelo social, económico y empático para el retorno.

La controversia constitucional de la CDHDF se suma a la presentada por el municipio de Cholula, Puebla, así como a las cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Cámara de Diputados, el Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pesonales.

La comisión se sumará también al amicus curiae que se presente, al considerar que en un contexto de creciente violencia, como el que atraviesa nuestro país, legitimar las acciones de las fuerzas armadas para que realicen tareas de seguridad pública abriría la puerta a más violaciones a derechos humanos y perpetuaría los casos de impunidad.