Mexicali, BC.

José Luis Pozo, ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, estudiante de la Facultad de Artes y trabajador de una empresa maquiladora, acudió a documentar la manifestación que el movimiento Mexicali Resiste efectuó el pasado 16 de enero contra la instalación de un ducto de agua potable para la compañía cervecera Constellation Brands en el ejido El Choropo, pero fue detenido y será juzgado por lesiones agravadas contra servidores públicos y policías.

Pozo es uno de los seis detenidos y uno de los dos que permanecen en prisión preventiva dictada por la juez de control Dora Leticia Contreras. La audiencia de vinculación a proceso de Pozo y de Javier Guillén, universitario miembro de Baja California Resiste, se realizará este martes.

Este lunes, familiares de los dos detenidos y particulares que los apoyan se manifestaron para pedir una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Salvador Ortiz Morales, para exigirle que revisen ambos casos y se libere a los acusados.

El día de la movilización Silvia Díaz, esposa de José Luis, le tomó una fotografía que hoy circula en redes sociales. En ella Pozo está en cuclillas frente al cerco de policías antimotines que resguardan una máquina retroexcavadora que hacía zanjas para la colocación del ducto hacia la planta cervecera.

Somos familia pacífica. No formamos parte de Mexicali Resiste; apoyamos la defensa del agua por conciencia y por compromiso con la ciudad donde nacimos, aseguró Esther Pozo, quien rechazó que su hermano José Luis haya agredido a los policías. En algunos videos se ve cómo lo detienen sin miramiento.

Algunos testigos señalan que el estudiante de artes plásticas retrocedió después de tomar fotografías de la protesta, y al ver que un operador de maquinaria pesada avanzaba contra un grupo de ciudadanos en el cual se encontraba otra de sus hermanas, lanzó un par de piedras a la máquina. Entonces lo detuvieron. Por lo pronto, Esther inició una campaña para que José Luis sea liberado.

Frente a la cárcel de Mexicali, que alberga también juzgados locales, y en redes sociales, se reprocha a la juez Contreras haber ignorado el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares, según el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva cuando no se garanticen la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, los testigos o la comunidad en casos de homicidio, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción y tráfico de menores y delitos contra la salud.

En las movilizaciones se exige a Contreras liberar a José Luis Pozo y Javier Guillén, a quienes llaman presos políticos, y al magistrado Salvador Juan Ortiz, presidente del Poder Judicial de Baja California, se le pidió indagar el proceso y el historial ético de la juzgadora.

Los inconformes aseguran que las familias Pozo y Guillén están horrorizadas porque José Luis y Javier enfrentan procesos plagados de irregularidades y violaciones a los derechos humanos que podrían llevarlos a prisión, y fueron detenidos en forma por demás agresiva, atentando contra su salud física y moral, cuando solamente ejercían su derecho de manifestarse contra Constellation Brands.