Una vez detenido, ya valió madre y vas de vuelta a tu país. Esa fue la respuesta de un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) a un hondureño que huyó de su tierra porque su vida corría peligro.

Este es uno de varios testimonios reportados por Amnistía Internacional (AI) en su más reciente informe titulado Ignoradas y sin protección: la mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México, en el que concluye que este país está dando la espalda a miles de migrantes de esa región en riesgo, a quienes envía ilegalmente a sus naciones, vulnerando el principio de no devolución, pilar vinculante del derecho internacional.

La organización agrega en el reporte –que se presenta hoy– que este grave incumplimiento del gobierno mexicano puede costar la vida o poner en riesgo la seguridad de las personas devueltas al país del que huyeron.

La investigación se basó en la aplicación de una encuesta a 500 personas en tránsito por México, algunas detenidas y deportadas, provenientes de los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Estas naciones sufren una situación de violencia general, cuya tasa de homicidios es entre cuatro y ocho veces más alta de lo que la Organización Mundial de la Salud considera índices epidémicos de homicidio (10 por cada 100 mil habitantes). En 2017 alcanzaron niveles de 60, 42.8 y 26.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes en El Salvador, Honduras y Guatemala, respectivamente.

Los datos del informe revelan que del total de los encuestados, 120 (24 por ciento) proporcionaron sólidos indicios de que se había presentado devolución, y esta cifra fue equivalente a 40 por ciento de los 297 migrantes detenidos por autoridades migratorias. Estos testimonios eran de personas solicitantes de asilo o que habían expresado de manera específica temor por su vida en su país de origen y, a pesar de ello, fueron ignoradas por el INM y deportadas. Además, a 75 por ciento no se les informa sobre su derecho a pedir asilo.

AI documenta el caso de un operador de autobuses que salió de Honduras debido al control que ejercen los maras por medio de extorsiones o impuestos de guerra a los conductores. En noviembre de 2015, Saúl –se le dio ese nombre para proteger a su familia– sufrió un ataque armado, en el que dos de sus hijos resultaron heridos de gravedad.

Huyó a México y solicitó asilo, que le fue negado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados al considerar que tenía opciones en materia de seguridad en su país. El INM –denuncia AI– violó el principio de no devolución, pues lo deportó dentro de los 15 días que la ley fija para que pueda inconformarse con la decisión. Saúl fue entrevistado por AI en julio de 2016, tres semanas despues de ser deportado, y expresó temor por su vida. Días después, fue asesinado.

Otro ciudadano hondureño relató que en el INM le dijeron: Aquí no nos interesa la vida de ustedes. Aquí hacemos nuestro trabajo, que es deportarlos. No consiguió nada en México.

AI sintetiza esta grave situación en siete pasos: Huyes de tu país por amenazas de muerte; entras a México sin documentos; con hambre y cansancio, viajas a pie o en bus; agentes del INM te detienen; te encierran sin explicarte tu derecho a pedir protección en México; te presionan para firmar un papel de deportación, y te deportan a tu posible muerte.