La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua no ha determinado la responsabilidad o la participación de los panistas Alfredo Piñera –ex vocero del PAN en la entidad– y Hugo Amed Schultz –ex alcalde de Chínipas– en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, por su relación con integrantes del cártel de Sinaloa, quienes, de acuerdo con las indagatorias estatales, participaron en el asesinato de la corresponsal de La Jornada.

César Augusto Peniche, fiscal general del estado de Chihuahua, fue entrevistado acerca del avance en las investigaciones y la vinculación que tuvieron integrantes del PAN estatal, incluido el ex secretario general de ese partido José Luévano –actual secretario particular del gobernador Javier Corral Jurado–, con los responsables del asesinato de Breach Velducea.

El funcionario respondió: Pues ahorita, por lo pronto el Ministerio Público está trabajando, reuniendo evidencia y es el que tendrá que establecer en su momento si existe o no responsabilidad por la conducta que les atribuye.

Alfredo Piñera y Hugo Amed Schultz exigieron a Miroslava Breach que revelara las fuentes de información que le dieron a conocer familiares de integrantes de los cárteles de Sinaloa y de Juárez que estaban considerados como precandidatos a diversas alcaldías en municipios de la sierra de Chihuahua, quienes estarían cobijados por las siglas de PRI y PAN.

De acuerdo con los testimonios presentados durante el juicio de Juan Carlos Moreno Ochoa, los panistas informaron al entonces secretario general del PAN estatal, José Luévano, de las llamadas que sostuvieron con Miroslava Breach y que éstas fueron grabadas.

Según la información dada a conocer como parte de los testimonios de Alfredo Piñera y Amed Schultz, José Luévano supo que sus compañeros panistas entregaron las grabaciones a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry o El 80, integrante de la célula de Los Salazar, grupo vinculado al cártel de Sinaloa.

El 80, de acuerdo con las investigaciones de la FGE de Chihuahua, fue el autor intelectual del asesinato de la corresponsal de La Jornada, perpetrado el 23 de marzo de 2017.

Alfredo Piñera (Casio) y Hugo Amed Schultz (Mila) se han convertido en testigos colaboradores de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Las autoridades ocultaron sus nombres y les dieron una identidad secreta, que también fue revelada durante las audiencias de El Larry.

En tanto, el ex secretario general del PAN José Luévano se desempeña en la actualidad como secretario particular del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Al respecto, se preguntó a César Augusto Peniche: ¿Qué pasó con esos panistas; el ex alcalde, el vocero del PAN y el secretario particular del gobernador?

–El Ministerio Público es el que tendrá que establecer eventualmente la participación y si esto le da para responsabilizar a otra personas.

–¿Pero hasta el momento no hay alguna imputación contra ellos por haber entregado las grabaciones (de la conversación con la reportera) a los narcotraficantes, por haber presionado a Miroslava?

–Pues ahorita, por lo pronto, el Ministerio Público está trabajando, reuniendo evidencia, y es el que tendrá que establecer en su momento si existe o no responsabilidad por la conducta que se les atribuye.

–Por otra parte, han surgido versiones que señalan que había un proceso de inhabilitación en su contra y que usted no podría haber tomado posesión del cargo que ocupa ni llevar a cabo sus funciones…

–Nunca fue inhabilitación. Lo que el Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República pretendió fue poner una supuesta sanción de suspensión argumentando que el trámite de unos oficios no se le había dado en tiempo y en forma. No había lugar a una responsabilidad de mi parte, porque no era yo la persona que debía llevar a cabo ese trámite y la supuesta petición que se dejó de atender venía de una autoridad inexistente.

En consecuencia, presentamos un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y después de llevarse a cabo todo el procedimiento y además suspender la posible aplicación de esa sanción, el tribunal resolvió que no había motivo ni razón para emitir una sanción en mi contra. Jurídicamente nunca existió una suspensión. Mi hoja de servicios está limpia.