El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer algunos datos sobre la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en México, guiado por el criterio de que esa información es de interés público, aunque forme parte de un expediente judicial aún abierto.

En la sesión del pleno de este martes se expuso que un particular le solicitó a la PGR que le informara cuántas personas han sido llamadas a declarar en el caso Odebrecht, hasta el 28 de agosto de 2017, y cuántas de esas personas han sido servidores públicos o ex funcionarios de Petróleos Mexicanos.

Asimismo, pidió saber si los directivos de la propia empresa constructora brasileña ya fueron llamados a declarar, y cuántas fojas integran la carpeta de investigación.

Al responder a la solicitud, la PGR indicó que la información solicitada se considera como reservada, con fundamento en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero el particular se inconformó y dio inicio a un recurso de revisión.

Al analizar el caso, el comisionado Joel Salas Suárez propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle para que le envíe al solicitante la resolución debidamente fundada de su comité de transparencia en donde confirme la clasificación de los datos requeridos.

El resto de los comisionados estimaron que, aunque el caso Odebrecht forma parte de una investigación abierta, al tratarse de un caso de corrupción con repercusiones nacionales e internacionales, se vuelve de interés público.

Además, consideraron que debían difundirse los datos numéricos solicitados por el particular, pues darlos a conocer no impacta la indagatoria de la PGR.

Tras exponer dicho razonamiento, los comisionados del Inai votaron en contra del proyecto en los términos en que estaba planteado originalmente, para dar pie a un engrose del mismo, en el que se ordenó dar acceso a la información, previa prueba de interés público.

Esta nueva determinación fue apoyada por unanimidad.