El gobierno de Maduro expulsa al embajador de España
Viernes 26 de enero de 2018, p. 26
Caracas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela excluyó este jueves a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de las próximas elecciones presidenciales, en las que el presidente Nicolás Maduro aspira a la relección, al retrasar seis meses un proceso de reinscripción de partidos políticos.
Se ordena al Consejo Nacional Electoral la exclusión de la MUD en el proceso de renovación convocado
, señala una sentencia del TSJ, que autoriza al Poder Electoral a retrasar seis meses la reinscripción de partidos.
La oficialista Asamblea Nacional Constituyente adelantó las elecciones presidenciales, habitualmente realizadas en diciembre, para el 30 de abril.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) había fijado para el sábado y el domingo la renovación de inscripción de la MUD y los principales partidos que la integran, tras haberse retirado de las elecciones municipales del 10 de diciembre del año pasado, luego de denunciar un fraude en los comicos regionales del 15 octubre. Ambos procesos fueron ganados por el chavismo.
Para reinscribirse, los partidos debían presentar al CNE las firmas de 0.5 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral que representen en al menos 12 estados, de acuerdo con la ley. Unos 19 millones de electores están registrados en todo el país.
Sin embargo, el TSJ decidió retrasar seis meses el proceso de reinscripción.
Previamente, el estadunidense Departamento de Estado advirtió que no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela si el gobierno de Maduro no garantiza comicios libres y transparentes.
Horas antes, el gobierno informó que declaró persona non grata al embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, quien tiene 72 horas para abandonar la república bolivariana, por considerar que su país comete continuas agresiones
contra el gobierno del presidente Maduro, días después de que la Unión Europea (UE) impuso sanciones a un grupo de funcionarios venezolanos, acusados de participar en violaciones de derechos humanos.
Además, Venezuela acusó al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de haber recibido instrucciones
de Estados Unidos para impulsar las sanciones que prohíben a los funcionarios, entre ellos el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, viajar a países del bloque europeo.
El canciller de España, Alfonso Dastis, lamentó la declaratoria contra su embajador en Venezuela, y anunció que el gobierno español responderá con medidas de reciprocidad
y proporcionalidad a la expulsión de su embajador en Caracas.
En tanto, el fiscal general venezolano, Tareck Saab, anunció que solicitará a la Interpol una orden de captura contra el ex presidente de la estatal Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez, por los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir
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