Dos de las principales instancias en la defensa de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron el asesinato de Guadalupe Campanur, activista del municipio de Cherán, Michoacán, y defensora de las garantías fundamentales cuyo cuerpo fue hallado el 16 de enero con signos de agresiones sexuales y estrangulamiento.

Las oficinas en México de la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigieron a las autoridades una indagatoria efectiva que cumpla con los lineamientos de la debida diligencia y con base en la pespectiva de género, en la que una de las principales líneas de investigación sea su labor de activista.

Recordaron que Campanur fue una de las primeras mujeres que colaboraron con las rondas comunitarias creadas en Cherán para la defensa de su territorio, medio ambiente y de la impunidad del crimen organizado. Esa iniciativa, que surgió en 2011, la ha convertido en ejemplo del autogobierno indígena en México, reconocido por la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, tras su visita oficial a México en noviembre de 2017.

Belén Sanz, representante en México de ONU-Mujeres, exigió a las autoridades garantizar una investigación efectiva, bajo los estándares de debida diligencia y con perspectiva de género en la desaparición y el feminicidio de las mujeres en México; garantizando el agotamiento de todas las posibilidades, respecto de la autoría y motivos del crimen, y evitando en todo momento la estigmatización de la víctima.

El titular de la ONU-DH en el país, Jan Jarab, sostuvo: “Lamentamos profundamente este hecho porque Guadalupe luchó y fue ejemplo para que se evitaran este tipo de crímenes en su comunidad (…) Este caso debe ser pronta y eficazmente investigado por las autoridades competentes; no se debe descartar una línea de investigación que considere la labor de defensa de la señora Campanur”.

Ambas oficinas exigieron que en este año electoral las autoridades pongan en marcha una estrategia de prevención que garantice la seguridad de los defensores de derechos humanos.