Ante las reiteradas agresiones a los trabajadores de la mina Media Luna, el asesinato de tres de ellos y las ilegalidades cometidas por la empresa canadiense Torex Gold Resources, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana demandó al gobierno federal que retire de inmediato la concesión minera que detenta este consorcio.

Esta organización reiteró su repudio a los actos criminales cometidos por dirigentes sindicales locales identificados con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y exigió medidas cautelares para proteger a los mineros en lucha: un paro en protesta por la violación de su derecho a la libertad sindical.

El asesinato de tres mineros en días recientes (los hermanos Víctor y Mauricio Sahuanitla Peña, así como Quintín Salgado) a manos de los matones de la CTM local de Guerrero, movidos por la empresa canadiense, son crímenes que no pueden quedar en la impunidad, sino que requieren que sobre sus autores materiales e intelectuales se ejerza todo el peso de la ley para castigarlos, planteó el sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia.

Pidió que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto actúe en favor de los trabajadores y que el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, junto con instancias federales, debe integrar una comisión que vaya a la Media Luna y verifique la violación de los derechos humanosy laborales, con el propósito de tomar medidas inmediatas para erradicar la violencia ejercida contra los mineros.

Este es el momento en que deba aplicarse la acción del ombudsman canadiense, anunciado por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau, para controlar a las empresas como Torex Gold Resources, instalada en Guerrero, y Excellon Resources, en Durango, que violan las leyes y se enfrentan con trabajadores y con los pobladores de las zonas.

El gremio demandó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorguen medidas cautelares de protección a personas involucradas en esta lucha, como Indalecio Pérez Morones, delegado especial en Guerrero, así como a trabajadores y miembros de las comunidades aledañas sumados al movimiento.