Las reformas legales y políticas que se han instaurado para atender la violencia contra las mujeres en Internet carecen de un análisis cuidadoso sobre la complejidad de la vida y los derechos en la red, así como su estrecha relación con el mundo fuera de ella, señala la coalición Internet es Nuestra en el informe La violencia en línea contra las mujeres en México.

El delito que sobre todo se ha tipificado es la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, expuso Laura V. Barrera, de Luchadoras MX, organización que coordinó el informe. En el documento, que fue entregado a la relatora sobre violencia contra las mujeres, Dubravka Šimonovic, se expone la situación de cuatro estados.

En los estados de México y Chihuahua se ha tipificado el sexting –envío de mensajes o imágenes sexualmente explícitos vía web– en sus códigos penales; en la primera entidad, en 2014, como parte de los delitos contra la libertad sexual, como un tipo de acoso sexual. En el segundo estado, en 2017, considerado como delito.

Las organizaciones señalan que es grave que la legislación tipifique equivocadamente un delito bajo el nombre de sexting, cuando la conducta que penaliza no es tal. “El sexting y la obtención y/o difusión de contenido íntimo sin consentimiento son dos actos distintos”, agregan.

En el caso de Jalisco, se modificó el artículo 135bis del Código Penal, dedicado a ultrajes a la moral o a las buenas costumbres y a la incitación de la prostitución para sancionar que se difunda material erótico sexual, verdadero o alterado, sin consentimiento.

En Querétaro se sanciona esta acción bajo la figura revelación de secreto del artículo 159 de su Código Penal.

Iniciativa en el Senado

A escala federal, resaltan en el informe, la Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2016 un dictamen para reformar el Código Penal Federal en sus artículos 211 y 259, y sancionar el ciberacoso y la difusión de las imágenes íntimas sin consentimiento, pero la iniciativa no ha sido aprobada por el Senado.

Laura V. Barrera dijo en entrevista que las organizaciones analizan cuál puede ser la opción legal para sancionar las agresiones en línea, pues debaten entre si la solución es crear nueva legislación o protocolos que ayuden a ministerios públicos y a jueces a entender bajo qué delitos actuales ya podrían perseguirse esas conductas.