Madrid.

El ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica desde finales de octubre para evitar ser detenido por la policía española, anunció que presentará una solicitud de autorización con garantías al juez Pablo Llarena para poder acudir al debate de investidura del próximo martes en el Parlamento catalán.

El líder independentista acata así la resolución del pasado sábado del Tribunal Constitucional (TC), que prohibió que se lleve a cabo una investidura a distancia, vía telemática o por skype, como pretendían los independentistas.

El conflicto entre el independentismo catalán y el Estado español tendrá el próximo martes una jornada crucial para definir el futuro. El Parlamento autonómico celebrará la sesión de investidura, con la que se inicia formalmente la nueva legislatura después de los comicios del 21 de diciembre.

El bloque secesionista volvió a ganar la mayoría parlamentaria, por lo que son los únicos que tienen la posibilidad de formar gobierno, a pesar de que el partido más votado fue Ciudadanos, una formación liberal, de centro derecha y abiertamente antinacionalista que logró 36 escaños y más de un millón 100 mil votos.

Entre Junts per Catalunya (JuntsxCat) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) suman 66 diputados, a los que se podrían sumar los cuatro de la formación anticapitalista y feminista Candidatura de Unidad Popular (CUP). De este modo alcanzarían 70 de los 135 diputados que integran la Cámara, dos más de los que se requieren para tener mayoría absoluta.

El bloque españolista sólo tiene los 36 diputados de Ciudadanos, los 17 del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y los cuatro del Partido Popular (PP). Cataluña en Común-Podemos sumó ocho, pero no apoya a ninguno de los dos bloques, aunque abiertamente se declara en favor de la celebración de un referendo de independencia vinculante.

En este escenario, el bloque independentista anunció que su candidato a la investidura presidencial sería Carles Puigdemont, quien fue cabeza de cartel en los comicios por su partido y que hizo campaña desde Bélgica, al decidir poner tierra de por medio para evitar comparecer ante la Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo, después, donde está acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación de recursos públicos.

El gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy, intenta evitar por todos los medios que Puigdemont sea investido, por lo que presentó un recurso ante el TC para evitar que sea nombrado presidente de Cataluña un prófugo de la justicia. El alto tribunal rechazó hacer una prohibición preventiva, pero sí emitió una resolución en la que advirtió con claridad que no se puede realizar una investidura a distancia y que en el caso de que los miembros de la Mesa del Parlamento decidieran seguir adelante con el plan incurrirían en varios delitos, entre ellos el de prevaricación.

El diputado Josep Rull, uno de los hombres más cercanos a Puigdemont, también bajo proceso por la declaración unilateral de independencia pero en libertad bajo fianza, advirtió que solicitarán de manera formal al juez Llarena la autorización con garantías para que el ex presidente acuda al Parlamento sin ser detenido. Además, consideró el fallo del Tribunal Constitucional una bofetada con la mano abierta a Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresidenta del gobierno español).

A pesar de celebrar el fallo, Rull también tildó de fraude de ley que se prohíba la celebración de la investidura a distancia y advirtió: habrá sesión del pleno, lo que no quería Sáenz de Santamaría, con condiciones inauditas, pero se realizará. Y rechazó cualquier otra posibilidad que no sea investir a Puigdemont: Si negociamos la democracia, como nación no tenemos viabilidad. Por tanto, ahora mismo no existe alternativa. El plan B es más democracia.