yer por la noche el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, después de cuatro días de irritación social, dio a conocer la localización del joven estudiante Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, quien se encontraba desaparecido desde el 23 de enero, cuando fue detenido sin justificación por policías de Ciudad de México en las inmediaciones del Metro El Rosario.

Según un testigo que lo acompañaba, el joven fue severamente golpeado, esposado y subido a una patrulla. Sus captores dijeron que lo llevarían a la agencia 40 del Ministerio Público, en Azcapotzalco; pero el joven no apareció allí ni en otra agencia. A los padres de Sánchez Flores se les impidió, con trabas burocráticas, levantar una denuncia por desaparición forzada.

La indignación social por este hecho creció en el transcurso de los días y sumó voces de instancias como la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la rectoría de la UNAM, en demanda de la presentación con vida del joven estudiante. Las autoridades capitalinas, por su parte, mantuvieron durante cuatro días un injustificable silencio y apenas ayer mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la ciudad informaron en una comparecencia ante medios que dos de los policías que participaron en la detención de Marco Antonio lo liberaron a unas cuadras del sitio en el que lo subieron a la patrulla y la SSP trabajaba en la investigación de los registros de geolocalización del vehículo policial y de los informes de los policías involucrados. Poco antes de que fuera ubicado en el municipio mexiquense de Melchor Ocampo, los padres del joven tuvieron acceso a la videograbación de un juzgado cívico en Tlalnepantla, estado de México, en el que se le veía saliendo del lugar “aturdido, desorientado y en shock”.

A reserva de conocer las secuelas que el episodio pudiera haber dejado en la salud física y mental del agraviado, cabe congratularse por que el estudiante haya aparecido con vida, pero el caso deja numerosas inquietudes y preguntas sin resolver. La primera, desde luego, se refiere al violento atropello de que fue víctima por parte de elementos de la policía capitalina y de la incapacidad de la institución correspondiente para reaccionar ante comportamientos inadmisibles por parte de algunos de sus efectivos.

Sorprende e irrita, por otra parte, que pese a las estructuras de mando y a la parafernalia tecnológica de la que tanto se presume –centrales de comunicación, cámaras de vigilancia, sistemas de geoposicionamiento– no se haya podido dar con el paradero de Marco Antonio y que hasta el sábado se informara de la detención de dos de los policías que lo retuvieron. Asimismo, resulta obligado investigar a los agentes del Ministerio Público que impidieron a los padres del joven levantar la denuncia correspondiente.

Por otra parte, resulta injustificable que el joven fuera ingresado a un juzgado cívico mexiquense y puesto en libertad horas después sin que nadie en esa oficina tuviera noción de que se trataba de un menor que estaba siendo buscado por dependencias oficiales. Más exasperante es que las autoridades municipales de Melchor Ocampo hayan difundido una foto del menor, en abierta violación a sus derechos y con los riesgos que ello implica.

En suma, la información del episodio disponible hasta ahora deja ver fallos inadmisibles y alarmantes faltas de control y comunicación en la policía capitalina, así como una inexplicable ausencia de coordinación con su par mexiquense. Un agravio de esta naturaleza no debe repetirse.

La sociedad merece una explicación puntual y precisa de lo ocurrido y la formulación de cargos en contra de quienes faltaron a su deber y atentaron contra la integridad física y los derechos del joven Sánchez Flores. No se debe tolerar que los encargados de preservar la vida y la seguridad de las personas sean precisamente los que las pongan en riesgo.