a semana pasada, los líderes demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos jugaron una partida cuyo costo está aún por conocerse. No está claro todavía quiénes fueron los responsables de que el gobierno se cerrara por 72 horas durante el fin de semana.

Los demócratas apostaron todo a la protección de los derechos humanos de más de 800 mil dreamers, exigiendo que de una vez por todas se resolviera su situación migratoria. Los republicanos acusaron a los demócratas de ser un partido al que le importan más 800 mil indocumentados que la paralización del gobierno de una nación de 360 millones de personas. Los demócratas tuvieron que ceder al chantaje y pospusieron su exigencia, no sin antes recibir la promesa del presidente Donald Trump de apoyar una solución favorable a los dreamers. Consecuente con su forma de ser y actuar, al día siguiente Trump se retractó y antepuso su apoyo a la aprobación de fondos para la construcción del muro: no hay dinero para la valla, no hay amnistía. La tragicomedia es la misma que se ha venido escenificando desde algunos meses. Sólo que esta vez, debido a la paralización del gobierno, las consecuencias para los actores pudieran reverberar en las elecciones de 2018. Lo que aún no está claro es quién o quiénes deberán pagar por ello.

En cualquier caso, el problema de la legalización de un millón 800 mil jóvenes que se calcula llegaron al país vecino siendo niños –entre quienes están los 800 mil que ya solicitaron acogerse al programa de acción para diferir sus procesos de deportación (Daca, por sus iniciales en inglés)– tiene varias aristas difíciles de limar.

De acuerdo con información de varios medios, hay diferentes propuestas para resolver este impasse. La más controversial de ellas es la del presidente, que además de anteponer el financiamiento del muro pretende romper el mecanismo que se conoce como cadena migratoria, mediante el cual los migrantes que han obtenido la ciudadanía estadunidense apoyan a sus parientes en su solicitud para obtener la residencia. La propuesta del presidente también considera la supresión del sistema de lotería que anualmente otorga visas para estancia legal a 50 mil personas de países escasamente representados en Estados Unidos, para promover mayor diversidad racial.

La propuesta que Trump envió al Senado, a juicio de diversos especialistas, nació muerta. Los legisladores republicanos más conservadores la han rechazado por considerarla demasiado generosa para los jóvenes indocumentados; los legisladores demócratas la han repudiado por injusta y porque los usa como moneda de cambio para conseguir las desmesuradas pretensiones del presidente en materia migratoria, entre ellas la aprobación de 25 mil millones de dólares para el muro.

De no haber un acuerdo, los legisladores y el presidente pudieran acabar nuevamente en un callejón sin salida el 8 de febrero, nueva fecha fijada para la aprobación definitiva del presupuesto para el próximo año fiscal. La sociedad contempla estupefacta la incapacidad de sus gobernantes para solucionar un asunto que la afecta profundamente, y nadie es capaz de pronosticar cuán grave pudiera llegar a ser la situación de no haber acuerdo.

No está por demás recordar que un grupo de senadores de ambos partidos formuló una reforma integral al sistema migratorio que en su momento George Bush hijo apoyó, aunque tibiamente y con cierta reticencia. Posteriormente, esos senadores volvieron a proponer dicha reforma, esta vez con el apoyo decidido del ex presidente Barack Obama. En ambas ocasiones la reforma naufragó debido a la oposición de los legisladores republicanos más furiosamente antinmigrantes. Por ello cabe preguntarles: ¿hasta cuándo admitirán que el país donde viven ha sido construido a lo largo de más de 500 años por quienes originalmente también fueron indocumentados?