Si bien el joven Marco Antonio Sánchez Flores, quien estuvo desaparecido cinco días tras ser detenido por policías, ya apareció, no se deben desviar las investigaciones hacia tipos penales que no corresponden a los hechos ni se debe dar carpetazo al asunto. Las autoridades deben explicar qué, cómo pasó y quiénes son los responsables.

En ello coincidieron en señalar por separado Amnistía Internacional (AI) y más de un centenar de organizaciones mexicanas, como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y Cauce Ciudadano, entre ellas.

Mientras, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez, informó que la queja por desaparición forzada sigue abierta, porque hubo una omisión de protocolo, una detención arbitraria, que puede derivar en sanciones, así como responsabilidad del juez calificador de Tlanepantla al dejarlo ir, cuando ya lo tenían.

Tania Reneaum, directora de AI México, lamentó que en el país sea frecuente la estigmatización de los jóvenes por la policía, lo que genera que se les detenga en muchas ocasiones de manera arbitraria.

Las autoridades capitalinas deben explicar qué fue lo que realmente ocurrió con él. Y es que, advirtió, aunque insisten en que no hay desaparición forzada, lo que hasta ahora se sabe apunta a que se violaron varios protocolos que pudieran acreditar ese delito.

Más de 100 organizaciones civiles demandaron a su vez un alto a la criminalización de la juventud, se garantice el acceso a la justicia a las víctimas y el cese de la impunidad en estos casos.