onforme se acerca a su final, el peñato chapotea en niveles crecientes de violencia. 2017 terminó como el año más cruento y 2018 arranca entre balaceras y combates, levantones, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, masacres, acciones represivas y una violencia policial delictiva que tiende a multiplicarse, con el más reciente botón de muestra del grave atropello sufrido por el preparatoriano Marco Antonio Sánchez Flores a manos de las corporaciones de policía capitalina y mexiquenses. Regiones que antes se habían mantenido relativamente al margen del baño de sangre calderonista como la ciudad de México y Puebla sucumben a las dinámicas que han estado presentes desde hace mucho tiempo en Tamaulipas, Morelos, Guerrero, Sinaloa y otras entidades. El remplazo de los Duarte por Yunes y Corral no hace diferencia en los indicadores delictivos de Veracruz y Chihuahua, si no es que los empeora, como ocurre en el estado de México con la cuestionada sucesión de Ávila por Del Mazo.
Hay, a primera vista, autoridades impotentes ante el auge delictivo, una imagen que encontró una excelente representación hace unos días cuando Peña canceló el viaje que tenía programado a Reynosa por los enfrentamientos que han tenido lugar allá y porque ni el Estado Mayor Presidencial podía garantizar, en tales condiciones, la seguridad del que en un año será ex presidente. Estaríamos, pues, ante una debilidad sin precedente del poder presidencial y, por extensión, de los mandatarios estatales y municipales.
Pero la hipótesis de la incapacidad de los altos funcionarios ante esta exacerbación de la muerte, la criminalidad y la inseguridad se ve confrontada con su manifiesta falta de voluntad de los gobernantes para esclarecer y procurar justicia ante los delitos cometidos, lo que asegura la comisión de nuevos crímenes y la victimización de más personas. La pérdida de control de los mandos sobre las instituciones que resguardan la seguridad pública es un hecho, pero hay múltiples ejemplos de que los gobernantes aún mantienen la capacidad para procurar justicia cuando se proponen hacerlo.
Tal vez la filtración del viaje presidencial cancelado y, sobre todo, del motivo de la cancelación, tenga un componente de propaganda desorientadora y tal vez sea pertinente dejar de lado por un momento la búsqueda del porqué
de la violencia y empezar a pensar en un para qué
. En otros términos, hay elementos para pensar que esta nueva acometida de la inseguridad obedece, al menos en parte, a un designio del régimen y que los actuales operadores de Los Pinos han mudado de propósito: si este sexenio agonizante empezó con un exhorto a los medios a autocensurarse en materia del acontecer delictivo, acaso hoy día hayan resuelto dar rienda suelta a la estadística roja, tanto en la difusión como en los hechos.
¿Para qué? Pues para impactar a un electorado que, según todas las encuestas en circulación, se muestra decidido a sepultar al régimen del PRIANRD; para inhibir la expresión en las urnas del voto opositor e impulsar el sufragio del miedo, esa conocida expresión de pánico cívico que ante circunstancias ominosas e inciertas busca refugio en lo viejo conocido y desecha la opción de cambio verdadero.
La táctica no es nueva. Por ejemplo, fue empleada con éxito por el salinato para impulsar el triunfo de Zedillo en 1994 y en tiempos más recientes se aplicó en Veracruz por ambos Yunes para frenar el ascenso de Cuitláhuac García en la elección estatal del año antepasado.
Hay pánico en los remanentes del régimen frente a la insospechada extensión que va logrando el Acuerdo de Unidad Nacional de López Obrador y frente al evidente agotamiento de las opciones de recambio bipartidista (y gatopardista) que tienen su último reducto en Ricardo Anaya y su plataforma de cartón. Y el recrudecimiento de la violencia en el país parece ser un intento deliberado de endosar ese pánico al electorado para lograr que nada cambie.
La anterior tentativa propagandística para frenar las intenciones de voto por el candidato presidencial de Morena fue la acusación de que había una injerencia rusa dentrás de él, y resultó en un estruendoso, risible y contraproducente fracaso. Tal vez lo que siga sea un exhorto a sufragar por más de lo mismo con el argumento de que el PRIANRD tiene la visión y la experiencia requeridas para enfrentar a la criminalidad. De ser el caso, el argumento se caerá por sí mismo porque Calderón y Peña dejan una herencia de más de 200 mil muertes y en el desgobierno de Mancera la ciudad capital ha sido abiertamente abandonada a la delincuencia.
Lo malo es que el intento va a causar más muertes.
Twitter: @Navegaciones
