La junta general ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó prorrogar las medidas de austeridad aprobadas en el último trimestre de 2017, que restringen el uso de celulares, promueve el ahorro de combustibles, congela las plazas –con excepción de las temporales ligadas al proceso electoral– y establece restricciones en compra o arrendamiento de autos. Se pretende ajustar el gasto, según dijo el director ejecutivo de administración, Bogart Montiel, para no requerir una ampliación presupuestal y asumir los 800 millones de pesos de recorte.

Las medidas de austeridad incluyen restricciones en compra o arrendamiento de autos, si bien 2018 es el último año del oneroso y polémico contrato de renta multianual de vehículos que podría haber provocado un daño patrimonial al pagar más de renta de lo que pudo haber costado por el contrato que ligaba cuatro años al INE con una arrendadora de autos en la que, además, hubo movimientos inusuales en la licitación.

Al respecto, el funcionario sólo comentó que el contrato concluía al finalizar 2018, pero no abundó mayormente en las observaciones que en su momento hiciera la contraloría sobre el procedimiento licitatorio que implicó tres intentos para concluir contratando a un precio más caro.

Durante la reunión de la junta general ejecutiva, al abordarse el tema de las restricciones en el gasto de combustibles Dulce Ezquerra, de la dirección del Registro Federal de Electores, pidió revisar el rubro de restricción del gasto ante la volatilidad en el precio que ha tenido la gasolina en este año y que, de apegarse a las partidas específicas, pudiera poner en riesgo la operación de los módulos itinerantes, por lo que demandó que la restricción no sea en dinero sino en litros consumidos.

Ante la petición, se acordó que la dirección ejecutiva de administración realice un análisis más detallado sobre el esquema de restricción de combustibles, a efecto de elaborar una contrapropuesta que pondere la inestabilidad en el precio de los combustibles.

Montiel refirió que no habrá nuevas contrataciones a excepción de las asociadas al proceso electoral, las cuales superan las 40 mil plazas temporales.