Ante el inicio del periodo de sesiones del Senado organizaciones forestales demandaron a los legisladores una revisión cuidadosa del proyecto de dictamen de la Ley forestal, dado que hay un retroceso respecto de la vigente en cuanto a la participación plena de la sociedad y la negativa reiterada a establecer un programa para el manejo forestal comunitario.

La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pese a que las organizaciones señalaron deficiencias, y el año pasado el dictamen fue avalado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con algunas modificaciones, pero aún se mantiene la cancelación de facultades sustanciales del Consejo Nacional Forestal y los consejos estatales, además de que se pierde la oportunidad de mejora del diseño del Fondo Forestal Mexicano, en el sentido de asignar a su Comité Mixto sólo funciones formales de asesoría y consulta, sin efectos concretos, cuando se ha propuesto otorgarle el carácter de órgano de gobierno.

Faltan recursos adicionales para programa comunitario

La Red Mocaf, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental señalaron que la transferencia de atribuciones de autoridad de la Secretaría de Medio Ambiente hacia la Comisión Nacional Forestal genera riesgos e inconvenientes al concentrar los actos de autoridad en ésta, ya que llevan al debilitamiento de la cabeza de sector que ya carece de capacidad para conducir la política en materia de agua, pesca e hidrocarburos. Esto puede llevar a conflictos de interés y opacidad, señalaron.

También advirtieron de una negativa reiterada a establecer un programa para el manejo forestal comunitario y que no se sostiene el argumento de que el programa requerido implique recursos adicionales. Se eliminó la propuesta de un diseño institucional descentralizado con fortalecimiento de capacidades de las regiones forestales y con una serie de dispositivos para mejorar la gestión forestal y acercarla a los productores.

Se excluyeron diversas medidas para la mejora regulatoria y la gestión, como la regulación de los aserraderos móviles, la clarificación de la prohibición de cambio de uso forestal, medidas para alcanzar la denominada tasa cero de deforestación, el manejo de acahuales o vegetación secundaria.