Tres semanas después de que comenzaron las mesas de diálogo entre el Gobierno de la Ciudad de México y damnificados del sismo del 19 de septiembre, se firmaron los primeros acuerdos entre los que se encuentra la actualización del padrón de personas afectadas, registradas por las autoridades en la Plataforma para la Reconstrucción CDMX, con los datos que Damnificados Unidos obtuvieron en su censo.

Lo anterior lo informaron en el quinto encuentro, realizado en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde expusieron los avances que ha dejado la negociación con la autoridad y que se concretaron el pasado viernes con la firma de minutas del comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra.

Si bien no se tiene un conteo total de los afectados, la organización vecinal logró enderezar la plana al gobierno y fue considerada la información que nosotros recabamos y se está co- rrigiendo el censo de la plataforma, señaló Héctor de la Cueva, damnificado de la delegación Benito Juárez.

Añadió que no sólo se actualizará el censo también se dará certeza jurídica, porque además del recuento de daños, se definirá el estado de cada inmueble para dar el paso siguiente, que es la reconstrucción.

No obstante, en el informe que se dio durante la asamblea se expuso que el pasado jueves el diálogo se interrumpió porque el diputado Leonel Luna y el comisionado no llegaron a la reunión. En su lugar acudieron funcionarios menores y decidieron levantarse de la mesa y trasladarse directamente a las oficinas de gobierno donde al día siguiente se concretaron los acuerdos.

Un segundo compromiso fue reanudar el apoyo para rentas mientras los afectados no recuperen los inmuebles, que fueron suspendidos al cumplirse los tres meses tras el sismo.

También se abordó el tema de los dictámenes y los estudios estructurales, que en varios casos los damnificados se vieron obligados a realizar y pagar con sus recursos.

Héctor Cueva indicó que quedó claro en la ley, en el programa que hemos firmado con el gobierno, que los dictámenes y los estudios estructurales deben ser proporcionados por el gobierno, es decir, es una responsabilidad pública y pagarlos también.

Los damnificados reconocieron que hay un avance, no obstante, quedan pendientes temas cruciales como la demolición de inmuebles y el más espinoso de todos: los mecanismos de acceso al programa de reconstrucción, reparación o redificación de inmuebles, en el cual se dará el debate de la redensificación y de si son créditos o apoyos.

Ayer los representantes de los damnificados también acordaron consultar entre los demás afectados si aceptan integrarse al consejo para la reconstrucción que marca la ley, ante la propuesta hecha por el comisionado, porque desde que se dio a conocer la citada norma la han cuestionado.