Uno de los pendientes que el Senado debe resolver de manera forzosa en este periodo de sesiones, es crear la ley de propaganda gubernamental, reglamentaria del artículo 130 constitucional, tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Senadores del Partido de Trabajo, Morena y de Acción Nacional, coincidieron en que pese a que el panorama se complica para el Congreso, por el proceso electoral en marcha, deberán hacer un esfuerzo por aprobar esa legislación, pendiente desde 2007, en que se aprobó una reforma constitucional en materia política.

Al resolver un amparo interpuesto por la organización Artículo 19, la SCJN ordenó al Senado aprobar esa ley para antes del 30 de abril cuando concluye el periodo ordinario, el último de la actual legislatura.

La ley establecerá las normas a que deben sujetarse dependencias y entidades de la administración pública, órganos autónomos y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno en materia de gasto en comunicación social, estableció la Corte.

Se deberá emitir una ley general de propaganda oficial, conjuntamente con la sociedad civil, a partir de las iniciativas que están en el Senado, comento Luis Humberto Fernández, del PT-Morena.

Explicó que hay cinco iniciativas, tres de ellas presentadas por los grupos parlamentarios del PAN, del PT-Morena y del PRD, una más del senador con licencia Armando Ríos Piter, en noviembre de 2012 y la más antigua, de Pablo Gómez, en febrero de ese mismo año.

Por su parte, el senador Ernesto Ruffo comentó que la iniciativa de la bancada panista propone establecer los criterios que delimitarán la repartición del presupuesto para así acabar con la asignación indiscriminada de recursos a un solo medio de comunicación.

La intención, dijo, es evitar que el gasto se concentre en una sola dependencia, y con eso el mal manejo y la corrupción. Se establece que el reparto de publicidad deberá ser justo y controlado, además de que los mecanismos para la contratación tendrán que ser transparentes, agregó que se propone establecer un consejo autónomo del ejecutivo federal y de los gobiernos estatales, que vigile y regule los gastos por comunicación. Las autoridades rendirán un informe anual sobre los recursos asignados a los medios.