La Procuraduría General de la República (PGR) enfrenta una saturación en sus áreas sustantivas, de tal manera que a pesar del desahogo de averiguaciones previas y carpetas de investigación, desde junio de 2017 mantiene un rezago de más de 25 mil mandamientos judiciales.

El diagnóstico institucional presentado hace un año refiere que de las más de 60 mil indagatorias iniciadas entre noviembre de 2014 y diciembre de 2016, solamente se desahogaron más de 21 mil, pero 9 mil casos se enviaron a archivo temporal y en 8 mil se determinó el no ejercicio de la acción penal.

A este respecto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que la PGR tiene pendientes de cumplimentar 20 mil órdenes de aprehensión en la esfera federal, todo ello en el contexto de una nueva estrategia para combatir la violencia y detener a integrantes de grupos delictivos.

Desde el lunes 29 de enero el gobierno federal inició un operativo especial en siete ciudades donde se pondrá a prueba la efectividad de la Policía Federal (corporación con 43 mil elementos) no sólo para la acción operativa, sino también para funciones de investigación y cumplimiento de órdenes de aprehensión, en coordinación con otras instancias.

Las ciudades seleccionadas para este operativo especial son: Ciudad Juárez, Manzanillo, Colima, Tecomán, Los Cabos, Cancun y Chilpancingo.

Navarrete Prida dijo desde su llegada a Gobernación, el mes pasado, que se buscaría una mayor eficiencia de los recursos disponibles; también advirtió que se investigan los casos de presunta protección de funcionarios y policías en acciones del crimen organizado. El pasado miércoles dio cuenta de la detención de cinco policías federales ligados al robo de combustible, quienes fueron remitidos de inmediato al penal de máxima seguridad El Altiplano.

Señaló además que las acciones asignadas a los policías federales –e incluso la contención de homicidios dolosos en las ciudades mencionadas– no era suficiente para retirar al Ejército y a la Marina de tareas de seguridad pública.

Precisamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Chilpancingo, Guerrero, hay operativos permanentes a cargo de mandos del Ejército, mientras en el resto de las localidades predomina la estrategia y operación de la Marina en coordinación con los militares.

En el diagnóstico de la PGR resalta que la arquitectura institucional de la procuraduría no es la idónea para soportar cabalmente los procesos que exige el sistema de justicia penal adversarial, como lo mandatan, en esencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco para evitar que las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto se hereden.

Asimismo y de manera independiente a que en junio de 2017 había 25 mil mandamientos judiciales pendientes, el documento resalta que de las más de 63 mil indagatorias iniciadas entre noviembre de 2014 y diciembre de 2016, un total de 41 mil 331 carpetas de investigación se encuentran pendientes de determinación, están siendo atendidas actualmente por las Unidades de Atención Inmediata y las Unidades de Investigación y Litigación. Esto supone que 65.54 por ciento de los asuntos que ha conocido esta procuraduría en los dos años recientes se encuentran sin decisión alguna.